Indagatoria se inició tras la denuncia de un exfuncionario que aseguró que antes de firmar su contrato de trabajo, fue citado a una reunión con el jefe de gabinete de Kusanovic, quien le explicó que del sueldo que percibiría por sus labores debía devolver mensualmente la suma de 500 mil pesos "para pagar gastos del senador".

"Le hace mal a la política y a la administración pública, porque aún no entiende cuál es su rol", señaló el alcalde Jorge Jil Herrera en un video publicado en sus redes, donde dio a conocer detalles de lo que calificó como una "constante persecución" del parlamentario, a quien acusó de incluso ir a molestarlo su casa después de las 11 de la noche, "cuando uno ya está descansando".

La indicación -aprobada en comisión mixta- trajo consecuencias pues el gobierno tuvo que quitar la urgencia a su proyecto de megarreforma al no contar con los votos necesarios en el Senado para aprobarla. Con esto, la iniciativa se votaría durante la primera semana de agosto.

Parlamentaria cuestionó duramente la respuesta del Ejecutivo, señalando que la medida adoptada hasta ahora resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia: “El gobierno inventó y se autoproclamó ‘gobierno de emergencia’, y a la primera emergencia real hicieron agua. El Estado de Catástrofe era necesario pero en Atacama llegó tarde y sigue siendo insuficiente”, afirmó.

El parlamentario criticó en duros términos la decisión del Ministerio de Hacienda y del SII de comenzar a cobrar el IVA a las casas de apuestas online, instituciones ilegales según lo determinó la propia Corte Suprema.

La diputada por la Región de Coquimbo y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, cuestionó al Gobierno por incorporar medidas de apoyo a las zonas afectadas por el reciente temporal dentro de la megarreforma que se discute en el Congreso, acusando que se busca sacar provecho político de una tragedia que ha dejado personas fallecidas, desaparecidas y severos daños en la región.

Hasta la Fundación Paz Ciudadana, históricamente ligada a la derecha chilena, cuestionó la iniciativa del Gobierno. Su director, Daniel Johnson, planteó que el texto "no aborda las causas reales del problema; no tiene métrica medible del objetivo ni tampoco una proyección de resultados ni de daños colaterales, considerando que se establecen sanciones regresivas, construidas sobre la supresión de beneficios sociales".

Las y los legisladores también rechazaron el respaldo de la ministra de Energía, Ximena Rincón, a las empresas eléctricas, así como la lentitud del gobierno al no decretar oportunamente las zonas de catástrofe, y el "despliegue mediático" realizado por las autoridades "que no se condice con soluciones reales a las vecinas y vecinos".

"Todas las estaciones lo señalan y el Gobierno aún no concreta centros de acopio, ayudas, medidas de mitigación, equipos de emergencia preparados. No se ve a las autoridades regionales en terreno, para anticiparse ante un eventual desastre", cuestionó la parlamentaria por la Región de Coquimbo. 

"Una mujer que ha vivido una violación, que experimenta inviabilidad fetal o riesgo vital a consecuencia de un embarazo, está viviendo una situación de alto impacto psicológico y emocional. Por eso, condicionar la interrupción del embarazo a la escucha del latido es macabro y no busca otra cosa que generar culpa", sostuvo el legislador del PC.