Balde de agua fría para Kast: el Consejo Fiscal advierte que su megarreforma reduce ingresos, deja déficits hasta 2031 y abre una cuenta que puede terminar pagando la ciudadanía.

“No tuvimos oportunidad de oponernos”, acusaron funcionarios que habrían sido forzados para firmar, bajo amenaza de sanciones, un conjunto de informes que no existían al momento de dictarse la resolución y que eran necesarios para justificar las demoliciones ordenadas por el ministro de Vivienda

El FMI aterrizó el relato económico del Gobierno: proyectó menor crecimiento para Chile y advirtió que las ganancias de la megarreforma podrían ser “algo optimistas”. Dicho en chileno: si las cuentas no cuadran, la cuenta no la pagará Kast ni el gran empresariado, sino la ciudadanía.

En 1988, Luis Hermosilla decía votar No por “dignidad personal”, progreso social y justicia. Casi cuatro décadas después, esa declaración vuelve como una contradicción brutal en medio del Caso Audios y sus presuntas redes de pagos, favores e influencias.

La Red de Observadoras en Justicia y Memoria y 82 organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana exigir explicaciones al Estado chileno por medidas del Gobierno de Kast que, advierten, amenazan políticas construidas durante décadas en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Macarena Chahuán, periodista chilena-palestina de 33 años, fue interceptada en aguas internacionales mientras viajaba en el Yaffa, embarcación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Su entorno exige a Cancillería actuar de inmediato para conocer su estado, aclarar su situación jurídica y garantizar protección consular.

Ya no es amenaza ni letra chica presupuestaria: el Gobierno de Kast concretó un recorte al Fondo de Tierras de CONADI, una de las pocas vías estatales para responder a la demanda territorial de los pueblos indígenas.

En 17 observaciones, el gremio sostiene que la reforma promovida por el ministro de Vivienda de Kast no simplifica el sistema: reordena la ciudad a favor de la rentabilidad inmobiliaria por desregulación y en contra de la planificación territorial.

La Corte de Apelaciones de Valdivia le cerró la puerta a la prisión preventiva que buscaban Fiscalía y Seguridad Pública contra tres estudiantes de la Universidad Austral, y de paso desinfló la tesis del Gobierno que intentó escalar el Caso Lincolao como un “secuestro”.

Hacienda puso en la mira al Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos al marcarlo con “Descontinuar”. La señal no apunta solo a un recorte: también amenaza al órgano que coordina el Plan Nacional de Búsqueda.