La proscripción de Daniel Jadue en las próximas elecciones parlamentarias en Chile constituye un peligroso precedente de lawfare que socava la credibilidad sobre el Estado de Derecho.

La corrupción está penetrando fuertemente en nuestro país. El Caso Hermosilla dejó al rey desnudo: el Poder Judicial, incluyendo a la Corte Suprema, está seriamente cuestionado. La remoción y destitución de la jueza María Angélica Vivanco es solo la punta de un iceberg, pues el caso que involucra a una empresa bielorrusa podría dejar a muchos corruptos más en evidencia, incluyendo a “destacados” abogados de la plaza.

Editorial de El Ciudadano: “Propuesta de salida de urgencia al genocidio en Palestina y medidas para una paz justa y duradera en Medio Oriente”, da cuenta del genocidio en Gaza y hace referencia a la urgencia del cese inmediato de hostilidades con corredores humanitarios supervisados por organismos humanitarios, reconstrucción urgente de Gaza apoyada por BRICS+ y Liga Árabe, reconocimiento mundial del Estado Palestino (fronteras 1967), cumbre urgente de BRICS+ para presionar el fin de la violencia, entre otras medidas clave.

Johannes Kaiser ha señalado que está disponible para dar un golpe de estado con todas sus consecuencias. Dice lo que José Antonio Kast piensa, pero calla.

Editorial Ciudadana: impunidad para ejecutivos de Larraín Vial, a quienes se les ofreció una suspensión condicional del procedimiento.

El proyecto de Ley Mordaza presentada de forma transversal en el Senado es una amenaza en contra del periodismo y la libertad de expresión en Chile.

En contraste con las críticas de la OEA a la Elección Judicial mexicana, que denuncia como "proceso polarizante"

El ataque de Israel contra Gaza ha dejado más de 54.000 muertos y un futuro devastado para la población palestina. Chile no puede seguir sosteniendo relaciones comerciales y militares con un Estado que perpetra un genocidio con la complicidad de la comunidad internacional.

Una década después de Penta y SQM, el país enfrenta nuevos escándalos que salpican a la Fiscalía, el Poder Judicial y al propio Gobierno. Esta vez no basta con clases de ética: la ciudadanía exige justicia real.

Mientras la derecha se alinea con exfuncionarios acusados de brutalidad policial, la propia institución los expulsó por alterar pruebas y violar protocolos.