La marcha contará con bloques organizados por diversas agrupaciones, desde médicos y abogados, hasta artistas y cineastas, cada uno en representación de las víctimas del genocidio en Gaza.

Con esta medida, el Jardín Botánico de la UACh busca prevenir ataques de perros y gatos, que ya han causado la muerte de zorros y el desplazamiento de diversas aves protegidas.

El máximo tribunal indicó que el proyecto de ley busca "restringir la competencia de los tribunales militares al consagrar expresamente en la ley la competencia de la justicia civil para el conocimiento de eventuales violaciones a los derechos humanos que involucren a funcionarios militares activos”. Sin embargo, advirtió que la iniciativa requiere mayor claridad en los criterios para determinar competencias.

El tribunal señaló que una persona que estuvo detenida ilegalmente por más de 5 meses y fue objeto de torturas y apremios ilegítimos, debió sufrir daños, tanto físicos como psicológicos, que el Estado debe reparar.

Desde el Ministerio Público indicaron que el caso se desarrolla bajo la hipótesis de “abuso y violación”, con una investigación en curso y “múltiples diligencias para esclarecer la participación de el o los responsables”. Sin embargo, el principal sospechoso se encuentra en arresto domiciliario.

Los detenidos serían dos funcionarios de Conaf, un ex trabajador de la corporación y un bombero, quienes “tienen participación en al menos 20 incendios”, señalaron desde el Ministerio Público.

Por este mismo caso exmiembros del Ejército y Carabineros enfrentan penas por secuestros y apremios ilegítimos perpetrados contra las mismas personas fallecidas durante la dictadura en Puerto Montt.

El Ciudadano conversó en exclusiva con Susana Rojas, exesposa de Félix Allendes, quien reveló que no tuvo participación en las operaciones efectuadas por Allendes en el GORE, y que denunció a su exesposo por violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil contra sus dos hijas.

La bancada socialista, liderada por la diputada mapuche Emilia Nuyado, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar la suspensión de la Ley Lafkenche incluida en el Presupuesto 2025, acusando presiones empresariales y falta de respeto hacia los derechos de los pueblos originarios.

"Frente al tema del «amiga, yo te creo» lo que estamos diciendo en general, es que no se puede cuestionar la decisión y la opinión de las mujeres, vamos a investigar y hay la misma obligación, que es la presunción de inocencia", planteó la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.