El pueblo palestino ha sido condenado. No tiene derecho a su territorio ni a defenderse. Si lo hacen sus pobladores son terroristas. Con la boca chica, Europa pide la paz y el reconocimiento del Estado palestino, y calla ante Donald Trump, cuya solución consiste en desalojar la franja de Gaza de los gazatíes.
El asedio israelí ha dejado a miles de niños palestinos sin padres y en condiciones de extrema vulnerabilidad. La crisis humanitaria en Gaza alcanza niveles alarmantes, con niños muriendo de hambre, frío y falta de atención médica. Mientras Israel impide la llegada de ayuda humanitaria, el futuro de toda una generación pende de un hilo.
Para los pueblos del mundo, el Día Mundial de Al-Quds es un llamado, una alerta, un mensaje. Es perseguir los objetivos de justicia social, de justicia universal y, sobre todo, recuperar los derechos del pueblo palestino.
Estados Unidos ha utilizado su poder de veto 45 veces desde 1972 para apoyar al Estado de Israel en todo lo que hace. Incluyendo, críticamente, la ocupación continua por parte de Israel de tierras palestinas y el genocidio de su pueblo.
Una nueva noción ha colonizado la retórica pública: la complementariedad público-privada. Es el eufemismo usado por el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, para entregar ricos yacimientos de cobre a Anglo American hasta el 2051 y la explotación del Salar de Atacama a SQM hasta el año 2060. El guion lo diseñó Libertad y Desarrollo y encubre nuevas formas de privatización.
Desde la Coordinadora Concepción por Palestina extendieron un llamado a la ciudadanía a "sumarse a esta marcha familiar a fin de visibilizar la causa palestina y expresar nuestra solidaridad a un pueblo que necesita de nuestra voz hoy más que nunca".
Ni Máximo Pacheco ni Eduardo Bitrán, ambos directores de Codelco, quisieron entregar las recomendaciones y costos de la asesoría del banco de inversiones Morgan Stanley a los diputados de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre la cuprífera estatal y la empresa de Julio Ponce Lerou. La situación genera un impase entre el poder del Legislativo y la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, gestionada como empresa privada por fuera del escrutinio público.
La ratificación de los topes de gasto en campañas judiciales por parte del TEPJF ha desatado un debate sobre la equidad en la contienda, al favorecer a quienes cuentan con mayores recursos para financiar su proceso electoral.