En un fallo unánime, el tribunal determinó que Cristián Morales Maureira es el responsable de la muerte de la joven que se encontraba con 12 sremanas de gestación, tras dispararle a quemarropa en medio de una reunión social

Las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social para obtener datos sensibles respecto a licencias médicas, cruzar dicha información con la PDI y ponerlas a disposición de la Contraloría General de la República para iniciar los sumarios y destituciones de funcionarios, sólo las obtuvo a partir del 24 de mayo del año 2025 y, sin embargo, la información obtenida, según el CIC Nº 9, que entregó la nómina de funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, es entre los años 2023 y 2024.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional le recuerda al Ejecutivo y a toda la autoridad que el orden público nunca se construye desmantelando las garantías constitucionales desde los mismos colegios, y que la seguridad de toda una nación jamás podrá alcanzarse si el precio que se paga es criminalizar a su propia juventud.

Se pregunta si el orden jurídico internacional creado tras la derrota del fascismo europeo aún posee la autoridad moral para defender a los niños de la violencia organizada. Si se puede asesinar a más de 20 000 niños mientras las instituciones de la diplomacia internacional siguen funcionando en gran medida con normalidad, entonces la promesa plasmada en la Convención sobre el Genocidio, los Convenios de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño queda gravemente menoscabada.

¿Por qué hablamos más de castigo que de prevención? ¿Por qué invertimos más energía en endurecer penas que en fortalecer escuelas, salud mental, familias y comunidades?

Ministerio Público decidió formalizar al jefe comunal después de 2 años de investigación y diligencias, detallándose que los delitos fueron denunciados por exfuncionarias municipales.

La pregunta correcta no es por qué el niño no saludó. La pregunta correcta es por qué un Presidente no pudo tolerar ese gesto sin convertirlo en un reclamo.

De igual forma, denunciamos públicamente que el actuar irracional y arbitrario de los oficiales a cargo constituye una infracción flagrante a la propia normativa interna, administrativa y procedimental de Gendarmería de Chile.

La sentencia destacó que el proyecto de saneamiento de Las Salinas concita un alto interés de los vecinos debido a la existencia de elementos contaminantes y su potencial riesgo de exposición asociado. Por ello, reafirmó que la participación efectiva de la ciudadanía en las actividades asociadas a su ejecución "adquiere especial relevancia".

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de primera instancia que reconoce la responsabilidad del Estado por las torturas y la privación de libertad sufridas por el sociólogo durante la dictadura de Pinochet, aumentando el monto resarcitorio a $30 millones