El estudio señala que el Estado mexicano figura como el principal agresor, seguido por empresas y el crimen organizado, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales. Activistas denuncian criminalización y falta de protección efectiva, a pesar de las promesas de las autoridades y la existencia del Acuerdo de Escazú. Organizaciones de la sociedad civil urgen a un cambio profundo en las políticas de desarrollo para garantizar la seguridad de quienes luchan por el medio ambiente.