La imputación de estos tres militares se enmarca en la investigación de la JEP sobre más de 6,400 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este nuevo paso busca romper la impunidad en un fenómeno sistemático donde jóvenes de bajos recursos fueron presentados falsamente como bajas en combate para inflar resultados militares.

Este gesto de solidaridad, formalizado en un evento en la capital togolesa, pone de manifiesto la cooperación entre ambas naciones y abre la puerta a una futura colaboración en sectores estratégicos para el desarrollo de Togo.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, Sinaloa registró un alarmante número de desapariciones, con Culiacán y Mazatlán como los focos principales. A pesar de la búsqueda, la mayoría de las víctimas aún no han sido localizadas, lo que evidencia la continuidad de una grave crisis de violencia que se arrastra desde el año anterior.

El tribunal electoral federal ha revertido una decisión previa que intentaba cerrar la investigación por violencia política de género contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. La orden exige que la Sala Especializada retome el caso, argumentando que la queja inicial fue presentada dentro del plazo legal y que su análisis sigue siendo procedente.

De manera coordinada, grupos criminales incendiaron al menos quince vehículos y bloquearon más de diez carreteras en Michoacán y Guanajuato, extendiéndose incluso a Jalisco. A pesar de la magnitud de los disturbios, que paralizaron comunidades enteras, los informes iniciales no reportaron personas lesionadas.

Luego de 52 años, la Corte Suprema dictó sentencia de término contra los miembros en retiro del Ejército por la detención y ejecución de 14 dirigentes poblacionales durante la dictadura.

La violencia económica y patrimonial presentan menor incidencia, aunque no están ausentes en este universo

De las más de 11.000 denuncias registradas durante estallido social, apenas 400 terminaron en tribunales. A juicio de la organización “Acción Cívica contra la Corrupción”, estos datos reflejan "una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad".

Más de 200 instituciones, entre ellas Harvard, Princeton y Brown, firmaron una carta conjunta para denunciar ataques contra las libertades fundamentales

Este miércoles, una masiva marcha de mineros cooperativistas paralizó el centro de La Paz al concentrarse frente a los ministerios de Economía y Minería