Los funcionarios habrían exigido dinero a conductores bajo amenazas de detención. La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó su ingreso a prisión preventiva tras determinar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
Denuncias alertan que el agresor cuenta con formación militar y se desempeña como escolta de un alto funcionario municipal de Izúcar; gobierno de Puebla ya investiga