Según reciente reportaje de Ciper Chile, el INDH enfrenta la prescripción de 688 querellas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el estallido social mientras se revela la inacción judicial en muchos casos agravando la frustración de las víctimas que aún esperan justicia en procesos que no han avanzado en años.

Ocho militares fueron declarados culpables en un procedimiento abreviado por apremios ilegítimos en Temuco, tras detención y tortura de dos jóvenes durante el estallido social de 2019, cuyas sentencias que determinarán la pena que deberán cumplir se comunicará el 23 de octubre.

A cinco años de las masivas manifestaciones pidiendo dignidad y de la respuesta represiva de agentes del Estado, las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral mientras la impunidad sigue primando en el país, dijo Amnistía Internacional en el aniversario del estallido social en Chile, compartiendo cifras escandalosas.

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular confirmó el suicidio de Sebastián Méndez, víctima de trauma ocular de estallido social de 2019, lamentando la impunidad y el abandono estatal mientras se conmemoran cinco años desde dicho acontecimiento en Chile.

El sujeto abusó de su calidad de pastor y líder de la iglesia pentecostal evangélica y de la confianza de la víctima y de sus padres para efectuar en reiteradas oportunidades, actos de relevancia y significación sexual.

"La destitución de Muñoz por parte del Senado es un acto de barbarie jurídica y constituye una amenaza abierta a los jueces que aplicando el derecho afecten los intereses de grandes grupos económicos", planteó el diputado Luis Cuello, quien junto a un grupo de parlamentarios recurrió a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.

“Como Gobierno señalamos que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia. Es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de privilegio, que nada obstaculice la justicia”, afirmó el jefe de Estado.

La Corte de Apelaciones ratificó la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a Correos de Chile el pago al trabajador desvinculado de $5.377.165, por concepto del recargo del 30% por años de servicio.

“Tengo plena confianza en que la investigación del fiscal Armendáriz se realizará con celeridad, independencia y rigurosidad ante la gravísima denuncia contra el ex subsecretario Monsalve", planteó la parlamentaria.

El fallo impugnado ordenaba a Gendarmería de Chile contratar un médico de planta y disponer de una ambulancia para atender las necesidades de salud de los reos, medidas que implicaban el uso de fondos fiscales no autorizados, lo cual según determinó la Suprema, excede las atribuciones de la Corte de Apelaciones.