La Corte Suprema condenó al exsubprefecto de la PDI, Nelson Lillo Merodio, a 10 años y un día y 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de los  delitos de homicidio calificado (alevosía) del estudiante de periodismo Eduardo Jara Aravena y secuestro calificado, de su compañera de la Universidad Católica, Cecilia Alzamora Véjares.

"No ha sido fácil, en el proceso recibimos amenazas de muerte, pero estamos convencidos que este operativo marcó un antes y un después en la seguridad de Cerrillos", señaló la alcaldesa Lorena Facuse.

Este caso, como otros tantos, en que el juez Muñoz hizo prevalecer la ley y la Justicia, fue el motivo por el cual los senadores de la Derecha, en bloque y sin argumentos válidos, lo destituyeron, con lo cual dieron una señal de que, a partir del 17/10/2024, los tribunales tendrán que evaluar muy bien sus sentencias para que no se afecten los intereses de aquellos que disponen de poder económico.

"Es crucial que las instituciones respondan de manera efectiva y transparente ante este tipo de delitos ambientales. Ya no podemos seguir esperando y siendo testigos de una muerte agónica de nuestro lago día a día", afirmó el concejal de Villarrica, Raúl Landini.

El 25° Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda presentada de la afectada y ordenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral.

La carpeta que habría sido vista por miembros del Ministerio Público, a lo largo de todo Chile, contiene diversos testimonios, peritajes realizados por el SML a la presunta víctima, así como varios documentos relevantes para la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El recurso de protección presentado por la abogada Ana María Watkins busca que la justicia "restablezca el imperio del Derecho" y deje sin efecto la acusación constitucional que destituyó a Sergio Muñoz de la Corte Suprema.

Ángela Vivanco fue destituida de la Corte Suprema el pasado 10 de octubre, luego de que se revelaran conversaciones entre ella y Luis Hermosilla. A juicio del máximo tribunal, la abogada afectó los principios de "independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia", además de "haber comprometido gravemente los cimientos del Estado de Derecho".

Existe un desequilibrio hecho a la medida de los intereses de EE.UU. y sus aliados para garantizar su hegemonía. Y es así con la mayoría de los organismos internacionales encargados de dar cumplimiento al denominado 'orden mundial regido por normas'.

La Ley Lafkenche, que protege los derechos consuetudinarios de pueblos originarios sobre territorios costeros, enfrenta una propuesta de modificación que comunidades y expertos critican duramente. Señalan que los problemas de la ley son administrativos, no legislativos, y alertan sobre los riesgos de alterar este instrumento crucial de protección y diálogo.