De acuerdo a la información preliminar, la denuncia se produjo luego de que una mujer se comunicara con Carabineros a través del número de emergencia 133, señalando que se encontraba refugiada en uno de los baños del edificio y que el alcalde Patricio Ferreira había atacado sexualmente.

El ente fiscalizador concluyó que la compra del terreno, que generó enormes pérdidas para el municipio, incluyó sobreprecios, vulneró principios esenciales de probidad y omitió información clave al concejo municipal.

El accidente de tránsito, cuyas consecuencias quedaron registradas en video, terminó con el empresario Juan Morstadt —imputado por la Fiscalía en el caso de la desaparición de Julia Chuñil— con 0,68 g/l de alcohol y solo apercibido a la espera de citación.

La acción judicial del CDE apuntaba hasta ahora solo a la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Gonzalo Migueles; a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -todos en prisión preventiva-; y a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle.

"En años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile", explicaron desde la firma en un comunicado.

Según reveló una investigación de CIPER, Yáber logró el puesto a pesar de haber quedado en el noveno lugar del proceso de preselección, gracias a los votos de ocho ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entre ellos los de Luis Sepúlveda y Carlos Farías y tras asumir el cargo contrató a parientes de ambos magistrados.

Según reveló el medio de investigación Reportea, los pagos que se extendieron durante seis años, iniciaron en febrero de 2019, apenas tres meses después de que Yáber asumiera su cargo, y se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta 2025.

La ministra en visita Paola Plaza citó por escrito al expresidente Eduardo Frei en una causa por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad que indaga si su gobierno facilitó el regreso de Pinochet desde Londres, en el marco de querellas de familiares de la Caravana de la Muerte.

Detectives fueron acusados de apropiarse de dineros bajo custodia o depósitos derivados de procedimientos policiales; falsear documentos públicos para facilitar esa apropiación; quedarse con parte de cigarrillos incautados y obtener beneficio económico de ellos; y apropiarse y traficar sustancias ilícitas.

Durante meses, la narrativa pública, alimentada por filtraciones periodísticas, se centró en la existencia de audios clave que vincularían de manera irrefutable al exalcalde Daniel Jadue y a otros funcionarios municipales de Recoleta con el imputado Marcelo Lefort (fallecido). Ahora, la PDI descartó totalmente dicha tesis, dejando al descubierto -una vez más- el abismo entre la especulación y los hechos.