En Perú, los Presidentes caen como fichas de dominó, pero el tablero sigue siendo el mismo. La destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” y la asunción interina de José Jerí no marcan el inicio de una nueva etapa, sino la reafirmación de un poder que no se elige en las urnas: el que ejercen el Congreso y las élites económicas que lo sostienen.

Se trata de una denuncia realizada por una mujer el 30 de diciembre de 2024, donde acusó a Jerí y a otro hombre (Marco Cardoza Hurtado, empresario ferretero) de violarla mientras se encontraba inconsciente después de haber compartido, horas antes, algunas bebidas alcohólicas (pisco) junto a ellos y otras personas.

La llegada al poder de José Jerí no está exenta de controversias, ya que ha sido denunciado e investigado por casos relacionados con abuso sexual, cobro de coimas y desobediencia a la autoridad, entre otros.

Con una votación unánime de 124–0, el Congreso peruano aprobó la destitución de la ahora expresidenta Dina Boluarte y activó la sucesión presidencial.

El impacto de la victoria que se vivió en Perú cuando la cuestionada ley pro-AFP fue retirada debido a la presión popular, constituye un motor que impulsa a la ciudadanía a continuar activa en movilizaciones. “No podemos permitir que el futuro de la juventud sea hipotecado a intereses privados ni que la inseguridad se normalice en nuestro país”, afirmó uno de los voceros de la marcha.

"Estamos en un escenario hostil donde la verdad, columna vertebral de nuestra labor, es objeto de permanente ataque", denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Los periodistas y fotógrafos que cubrían las protestas contra Dina Boluarte frente a la sede del Congreso de Perú fueron reprimidos junto los manifestantes, por agentes de la Policía Nacional que lanzaron gran cantidad de gases lacrimógenos.

Protestas en Lima contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso dejaron heridos por represión policial. Dos periodistas fueron baleados con perdigones. La PNP desplegó 5000 efectivos y usó gases lacrimógenos. Manifestantes rechazan reforma de pensiones y los beneficios a las AFP, corrupción e inseguridad. La Asociación Nacional de Periodistas condenó la violencia contra la prensa.

Legislación beneficia a acusados, investigados y condenados por este tipo de delitos durante el conflicto armado interno del país entre 1980 y 2000. Desde Human Rights Watch recordaron que en ese periodo "las fuerzas de seguridad peruanas cometieron graves abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos".

Mientras en Chile el debate sobre el aborto cobra fuerza, en América Latina la desigualdad es evidente: algunos países han avanzado hacia la legalización, mientras que otros lo criminalizan sin excepciones. En este informe, revisamos las leyes y cifras más relevantes para entender el estado del aborto en la región.