Organización está vinculada con delitos como asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, extorsión, cohecho, homicidio y secuestro. PDI incautó más de 600 millones de pesos en dinero en efectivo, así como drogas, armas y municiones.

Si bien la Comisión de Defensa había propuesto rechazar la norma, la Sala dijo otra cosa y la respaldó por amplia mayoría.

Hechos ocurrieron en marzo de 2020. Entre el armamento sustraído -y que nunca fue recuperado- se encuentra una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con un cargador, y un revólver Taurus modelo 82-s nuevo, calibre .38, además de diversas municiones y cartuchos de guerra.

El accidente de tránsito, cuyas consecuencias quedaron registradas en video, terminó con el empresario Juan Morstadt —imputado por la Fiscalía en el caso de la desaparición de Julia Chuñil— con 0,68 g/l de alcohol y solo apercibido a la espera de citación.

Detectives fueron acusados de apropiarse de dineros bajo custodia o depósitos derivados de procedimientos policiales; falsear documentos públicos para facilitar esa apropiación; quedarse con parte de cigarrillos incautados y obtener beneficio económico de ellos; y apropiarse y traficar sustancias ilícitas.

"Está descartado es que sea un atentado o que hubiese sido una acción dirigida en contra de él por el activismo político. No tenemos ningún antecedente que lo vincule a eso", declaró a la prensa el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Según informó el Ministerio Público, el grupo tendría participación en al menos 9 robos registrados entre los meses de diciembre de 2024 y julio de 2025, ilícitos durante los cuales fueron sustraídos paquetes de mineral avaluados en casi 500 millones de pesos.

"Los territorios marginados necesitan más Estado, no más abandono", señalaron en una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde le recordaron su compromiso respecto a generar equidad en la distribución de la dotación policial: "Debe cumplirse (...) No es aceptable que comunas con mayores recursos dispongan de abundancia de efectivos mientras los territorios más vulnerables -donde el riesgo y la violencia son mayores- sigan desprotegidos", señalaron.

El esposo de la destituida ministra de la Suprema, Gonzalo Migueles, se entregó en dependencias del 0S7 de Carabineros, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra en el marco de la indagación por cohecho y lavado de activos que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

En tanto, organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, señalaron que la acción, además de exponer el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad, ha puesto a toda la ciudad en un "estado de terror".