Sin pretender ofrecer un antídoto definitivo a las crisis que una y otra vez, al menos desde 2006 -pasando por 2011 y hasta 2019-, aquejan a la sociedad chilena, es evidente que cualquier paso en dicha dirección tiene que comenzar por una reflexión profunda de los detonantes de la crisis —cuestión que hemos intentado hacer aquí desde el prisma de la teoría de la concentración.

Parece una osadía que la compañía de seguros estadounidense Ohio National haya demandado a Chile, exigiendo una indemnización, ya que desde hace cuatro décadas el Estado las ha beneficiado con gigantescos ingresos derivados de la compra forzosa de todas las rentas vitalicias y seguros de invalidez y sobrevivencia contratadas por el sistema AFP.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que acogió la demanda de cobro de semana corrida, deducida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la AFP Provida y descartó infracción en la sentencia impugnada.

La multa de 3.300 UF, equivalente a más de 124 millones de pesos, se basó en ocho cargos, que incluyeron errores en la transmisión de datos, inconsistencias en la información financiera y la falta de cumplimiento en la publicación de información clave para los afiliados.

No hay vía chilena al Socialismo, del momento que el 11 de septiembre trágica y monumentalmente rubrica la imposibilidad de la transformación pacífica de la sociedad hacia el Socialismo.

De la misma manera que González Videla obtuvo la victoria con una coalición de partidos, para después, a muy corto andar, en la práctica, gobernar con otra, Boric ganó con un programa y está gobernando con otro.

El encarcelamiento de Hermosilla es en realidad una pequeña muestra de la putrefacción institucional, una señal de metástasis política y la clarísima demostración del carácter de clase del Estado, los partidos, la policía y los tribunales. Son todos expresión de un único poder de clase.

Chile es el único país en el planeta que mantiene este sistema. Bachelet y Piñera con sus reformas no tocaron a las AFP, las salvaron con recursos públicos y prorrogaron la vida del sistema de ahorro forzoso.

Según la Corte de Apelaciones de Santiago. la AFP Plan Vital cuestionó repetidamente la validez y facultades del mandato presentado por el afiliado extranjero, lo que fue considerado arbitrario e ilegal.

Plantean que las AFP transgredieron el inciso 2 del artículo 1 del Decreto Ley 2.757 , “al inmiscuirse y pretender, mediante una minuta técnico-política, influenciar la deliberación de los parlamentarios y la opinión de la ciudadanía respecto del proyecto en trámite”.