Según Enríquez-Ominami, la simbología y su contexto histórico convierten al monumento en un “homenaje encubierto” al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, mientras que desde Carabineros alegan que “es parte de la memoria institucional y del patrimonio nacional”.

Queda una gran tarea para quienes asuman el próximo gobierno y el Congreso Nacional; es necesario actuar con valentía frente a temas del ámbito social, judicial y de seguridad.

Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas.

La verdadera seguridad solo puede construirse donde la vida merece ser vivida, y las respuestas colectivas se basan en el cuidado, la dignidad y la justicia, no en el castigo. Imaginar otras formas de seguridad es abrir paso a existencias libres del miedo como única política.

En menos de 24 horas el Gobierno pasó de imponer por la fuerza un decreto que terminaba con la Neonatología en hospitales de Nivel 1 a apoyar las demandas del Colegio de Matronas. Si bien para sus partidarios se dio una imagen de receptividad, el sorpresivo cambio de postura del Gobierno dejó sin piso no sólo a la Ministra de Salud y al Subsecretario de Redes Asistenciales, sino que por sobre todo a las políticas de recorte del presupuesto de Mario Marcel.

Arturo Prat como arquetipo del ideal republicano y Crespo como símbolo de la deshumanización institucional.

El exteniente de Carabineros responsabilizó a la Fiscalía por la difusión de registros donde se evidencian abusos a detenidos, y defendió su conducta durante las manifestaciones de 2019.

Guillermo Schmidt es un héroe desconocido de la democracia y del pueblo. Recordarlo es más que un homenaje. Es una lección.

Al analizar el lobby marroquí, sus objetivos son muy similares al de su hermano putativo sionista. Primero, contrarrestar el apoyo y reconocimiento a la causa saharaui e impedir, por tanto, su derecho a la autodeterminación en todos los organismos y foros internacionales. En segundo lugar, financiar a políticos y parlamentarios de tal forma de conformar comités chileno-marroquí y con ello el concretar grupos de presión que apoyen a la monarquía marroquí.

De las más de 11.000 denuncias registradas durante estallido social, apenas 400 terminaron en tribunales. A juicio de la organización “Acción Cívica contra la Corrupción”, estos datos reflejan "una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad".