Magistrado también condenó a Rodolfo Concha Rodríguez, ex empleado civil del Ejército de Chile, a cinco años de presidio mayor en su grado mínimo. Los detalles aquí.

Víctima es un joven que tenía 20 años al momento de los hechos y que a raíz de este quedó en silla de ruedas, afectando sus proyecciones laborales, de estudio y familiares, y debiendo tomar medicamentos a diario para controlar una epilepsia post traumática que se desencadenó por la lesión.

General Berta Robles señaló que los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, iniciándose una investigación penal de los hechos.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2019, cuando el entonces uniformado concurrió al establecimiento para reprimir una manifestación en el contexto de la revuelta social.

Se trata de Marcelo Inostroza San Martín, quien era padre de una menor de cinco años. El cadáver fue encontrado por su compañero de servicio tendido y vestido con el uniforme policial.

Caso chileno cumplió con identificar claramente las técnicas que las organizaciones criminales utilizan para lavar activos o financiar el terrorismo, así como las medidas adoptadas por las autoridades competentes para detectarlas y desarticularlas, señalaron desde el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Cuando el hombre en cuestión se dio cuenta de que lo habían atrapado huyó desde el sitio del suceso, activándose un operativo exitoso para dar con su paradero.

En el operativo dos funcionarios de Control y Orden Público de Carabineros resultaron afectados por el lanzamiento de merkén en sus ojos.

“El caso de Renzo evidencia la violencia institucional desatada hacia la población durante el estallido social en Chile. Su testimonio nos conmueve y desde Amnistía Internacional invitamos a la ciudadanía a conocerlo y a brindarle su apoyo”, sostuvo el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, a través de un comunicado.

Uniformado pertenecía a la Primera Comisaría de Chañaral y fue descubierto gracias a una alerta emitida por el Centro para Niños Perdidos y Explotados, quien informó a la PDI sobre actividades en Internet vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que ocurrían en la región.