En tanto, la parte querellante y el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigen 15 años de presidio mayor.

Conforme con los hechos señalados, el día 21 de octubre de 2019, en horas de la noche, 5 personas fueron detenidas e ingresadas a un vehículo policial a fin de trasladarlas a la unidad policial respectiva, lugar en que funcionarios de Carabineros golpearon en reiteradas ocasiones a las víctimas, y los obligaron a cantar el himno nacional, bajo intimidación o amenaza de volver a ser agredidos en caso de equivocarse.

Las cifras entregadas por el organismo estatal revelan que en 2010 ingresaron 166 asuntos, el 2015 casi se triplicaron y en 2020 se llegó a 689 procesos. Mientras que en la actualidad existen causas vigentes que a noviembre del año pasado ascienden a 1.119, que se distribuyen en 260 correspondientes a 345 municipalidades.

En este artículo se analizan los principales aspectos de la respuesta judicial frente a la rebelión popular de octubre de 2019 en Chile, y en especial los procesos de criminalización de quienes han sido imputados de participar en la comisión de delitos políticos y comunes en dicho contexto.

La querella presentada por la CDE ante la Procuraduría, describe gastos por $106 millones asociados a adquisiciones no justificadas que debían ir en beneficio de los vecinos y vecinas más vulnerables durante la emergencia sanitaria.

Reflexiones sobre la descomposición de la policía.

Empresario fue condenado por los delitos de receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico a fines de agosto pasado.

Según el Ejército la compra se realizó en base a una cotización a través de la plataforma Keycopter de la empresa Airbus, la que aumentó el precio final debido al pago de fletes, seguros, licencias y su llegada hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. No obstante, Airbus confirmó que al valor de 2018, solo se consideraba un 5% adicional a cada ítem, por lo que los $6.700 millones de más no están justificados.

En el proceso también se estipuló que un grupo de 24 inmuebles de origen particular de propiedad de CEMA fueran donados a entidades de beneficencia, sin fines de lucro y/o municipales y, en algunos casos, al Estado.

El CDE aseguró que ambos imputados realizaron maniobras para ocultar y “blanquear” el dinero, cuyo origen es ilícito, tal como estableció la Fiscalía.