En la decisión no participó el ex ministro RN Alberto Espina, actual consejero del CDE, quien se inhabilitó por causa legal en conformidad al artículo 12, número 3, de la ley 19.880, esto es, "por vínculo de amistad" con uno de los querellados.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió que la información no sea conocida en noviembre de 2017. En el documento reservado al que accedió El Ciudadano aparecieron ex generales y coroneles que en 2015, ya jubilados, percibían montos millonarios adicionales a la pensión.
Durante la dictadura cívico-militar (1973-1990) la institución "de beneficencia" fue utilizada por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, para hacer propaganda a favor del sanguinario régimen.
En junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago acreditó que la abogada cometió hurto de dineros fiscales, pero fue sobreseída debido a la prescripción del delito.
Las vulneraciones de ciberseguridad comenzaron en 2021, cuando el Ministro de Defensa de Piñera era Baldo Prokurika y en ese entonces, ya sabían que su seguridad era deficiente
General (r) había sido acusado por la ministra en visita Romy Rutherford de defraudar alrededor de 44 millones de pesos en beneficio personal, razón por la que estuvo además prisión preventiva.
La parlamentaria presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo a través de la que exige una indemnización de $2.200 millones para ella y su familia, argumentando daño moral a causa de los hechos ocurridos en noviembre del año 2019, cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro lanzado por Carabineros .
Recién en julio se retomará el juicio en contra del ex militar, en el que está acusado por lavado de dinero junto a su cónyuge Ana María Pinochet. En solo 7 años y siendo funcionario público habría incrementado su patrimonio en más de un 280%.
La medida consiste en la exigencia a la empresa demandada respecto de la elaboración y ejecución de un plan de trabajo que permita la restitución del cauce y del flujo de agua hacia el río Pillanleufu, permitiendo con ello el escurrimiento hacia el cauce original.
El perjuicio fiscal provocado por este mega fraude se estima en más de $5.105 millones. La principal imputada es Paulina Carrasco cuyos hermanos ya fueron condenados por el delito de lavado de activos.
