El Consejo de Defensa del Estado se querella por la Fundación Local y que involucra al GORE Araucanía tras nuevas investigaciones del Ministerio Público, sumando este caso a las querellas anteriores por fraudes y lavado de activos en las fundaciones Folab y Educc, así como al diputado desaforado, Mauricio Ojeda.

El presidente del Sindicato Chuquicamata, Hernán Guerrero, calificó como el “tren de Rancagua” al grupo de funcionarios de la estatal involucrados en los hechos registrados en la División Chuquicamata, que habrían generado un daño patrimonial por $12.800 millones.

El neoliberalismo urbano, pese a ser un modelo global y trasnacionalmente conectado, se adapta a los contextos particulares. Es decir, actúa localmente teniendo en cuenta el marco normativo prexistente y los actores incidentes y respecto de los cuales establecerá una relación parasitaria y de conveniencia. Los inversionistas tienen en cuenta la normativa, se someten a ella, pero aprovecharán los vacíos legales o la posibilidad de incidencia política – particularmente cuando se combinan poder político y ambición empresarial.

Tras la muerte del conscripto Franco Vargas, el abogado de DD.HH Fernando Leal, hace un análisis sobre el verdadero rol del Ministerio de Defensa y el CDE en este caso.

El posmodernismo, más allá de su discurso, es el taparrabos de la política imperialista en Chile y al mismo tiempo la forma específica de las ilusiones democráticas contra las cuales hemos de combatir.

El abogado Mario Vargas Cociña, quien presentó el recurso de protección teme que su honra se vea manchada por las conversaciones que sostuvo con Luis Hermosilla.

"En las revelaciones de secreto siempre es una de las líneas de investigación el saber para qué eran esas revelaciones, qué objetivo tenían, qué se conseguía con ellas", señaló Raúl Letelier en entrevista con el canal CNN Chile.

Tribunal ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado en el siniestro que cobro la vida de 81 privados de libertad, por falta de servicio.

Fiscal Constanza Encina inició el caso por una querella de la Municipalidad de Maipú en 2021, pero la defensa de la exalcaldesa UDI pidió su exclusión -que fue aceptada- señalando que los intereses estatales ya estaban representados por el Consejo de Defensa del Estado, invocando para ello la Ley Orgánica del CDE.

Acción judicial del CDE incluye a otras seis personas, todos exfuncionarios del municipio: Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve.