La iniciativa del Poder Ejecutivo fue rechazada antes de llegar al pleno del Parlamento, luego de ser analizada por la comisión y recibir 11 votos a favor y 6 en contra

Es cierto que tras el fin de la dictadura nuestra Constitución ha sido objeto de múltiples reformas –siendo las más relevantes aquellas aprobadas los años 1989 y 2005–, que han modificado algunas de sus reglas originales con el objeto de intentar congeniarlas con el régimen político institucional propio de una sociedad democrática, abierta, pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, las modificaciones continúan mostrándose absolutamente insuficientes.

Señaló que, como persona, tiene derecho a emitir una opinión sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. "Yo me la jugué por el proceso constituyente, sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución", puntualizó.

Chile se compromete con el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos internacionalmente, lo que no significa intervenir directamente en otros países, violando su soberanía, como pareciera quisieran proponer los ex cancilleres.

¿Cuántos nos acordamos –¡o supimos alguna vez!-del regalo a la derecha de la inminente mayoría parlamentaria efectuada por la dirigencia concertacionista, a través de las reformas constitucionales concordadas con Pinochet en 1989?; o ¿cuántos nos acordamos -¡o supimos!- de las “exitosas” políticas de exterminio de la prensa de centro-izquierda, seguidas por los sucesivos gobiernos de la Concertación, que liquidaron “Análisis”, “Apsi”, “Fortín Mapocho”, “La Epoca”, “Hoy”, “Rocinante”, “Plan B” y “Punto Final” -entre muchos otros medios-.

La actual carta magna no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa del mandatario contempla también una reforma constitucional previa

"Estamos enfrentando un proceso que muy probablemente va a terminar con un catálogo de derechos fundamentales robusto, con instituciones que distribuyan el poder político de manera más efectiva, que habiliten el ejercicio del poder porque las constituciones no solamente limitan el poder también lo habilitan, y esa habilitación pasa por nuestros derechos", señaló el ex vicepresidente de la CC.

"Ahora viene la etapa de comunicar no tanto el proceso, y quizás no dedicar tanto tiempo a las noticias falsas. Si no a explicar el contenido y alcance, de las más de 150 normas aprobadas y que son parte del texto constitucional", planteó el vicepresidente del órgano redactor.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia ingresó indicaciones con discusión inmediata, entre las que se encuentra una adaptación de los plazos necesarios para elaborar y auditar el padrón electoral.

"Yo desconocía que la agresora aparece en la franja de la UDI. Yo he preguntado al interior de la Comisión sobre la existencia de algún vínculo de algún miembro de la Convención y no se me ha respondido nada”, señaló Muñoz. "La UDI, en consecuencia, debería “asumir la responsabilidad política por la aparición o por una posible militancia”, agregó