"Se debe hacer un diálogo nacional y amplio, pero por sobre todo considerar la voz de la región. No es algo que deben decidir los santiaguinos en la región Metropolitana", manifestó la autoridad regional.

El actual alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, junto al Concejo Municipal, denunció ante la fiscalía local una posible malversación por casi 300 millones de pesos por parte del Departamento de Educación Municipal (DAEM).

Luego de una auditoría, el organismo constató omisiones de registros en los libros de control de asistencia y cobro de horas extraordinarias por parte de funcionarios que gozaban de vacaciones, licencias médicas o se encontraban en teletrabajo

Solicitan diligencia a las autoridades y o ex autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública para “finiquitar y cancelar a la brevedad nuestros contratos de trabajo y de verificarse algún incumplimiento de carácter administrativo por parte de la autoridad, se investigue y aplique las sanciones que corresponda, para que ningún otro funcionario público se vea enfrentado a esta irregular situación”.

"La venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente", aseguró el contralor Jorge Bermúdez, en respuesta a una solicitud de los alcaldes de Pelarco, Lo Prado y Conchalí.

El dinero correspondía al pago de uniformes, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayuno, almuerzos y otros servicios, que fueron prestados por los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal, además a otros establecimientos educacionales.

El hecho de que el exmandatario se encuentre fuera del país no afectará esos exámenes ya que puede ser notificado en cualquier lugar

Una profunda auditoría de Contraloría logró determinar diversas incongruencias relacionadas con las compras, desembolsos, almacenamiento y distribución de insumos relacionados a la emergencia sanitaria. El ente fiscalizador dio inicio a un sumario administrativo que se centra en la gestión del exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y también de su par de Salud Pública, Paula Daza.

Ente contralor recordó que las armas "solo pueden ser usadas estrictamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y no por las municipalidades".

Auditoría a la Subsecretaría de Prevención del Delito constató que no se cumplieron las bases del proceso, efectuado en 2020, y que involucró un monto de $378 millones.