Según el informe del ente regulador, el funcionario dirigió la Fundación Oportunidad Mayor (FOM) ligada al empresario Nicolás Ibañez, y firmó convenios entre 2015 al 2017

Se trata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Desde el municipio señalaron que "la directora regional del SEA invalidó la Resolución de Calificación Ambiental anterior, en circunstancias que la facultad para invalidar esa resolución solo la tiene la Comisión Regional y no la directora".

La auditoría reveló que Lo Espejo pagó al proveedor Grupo Copesa S.A. un total de $ 22.349.000, por la adquisición de diversos servicios de publicidad y difusión, referentes a diferentes publicaciones en periódicos de esta empresa. También verificó que la jefa del departamento de adquisiciones, contratos y licitaciones, adjudicó una licitación a su cónyuge por $4.896.000.

Desde distintos sectores denuncian que se usó al Palacio de La Moneda como una plataforma para promover a los candidatos de Chile Vamos

El parlamentario se refirió al Informe de la Contraloría General de la República, que estableció incrementos de 55 millones de pesos por la compra de cámaras de vigilancia y la entrega de cajas de alimentos a personas fallecidas.

El documento revela que el 96,39% se produjo a causa del vencimiento y las pérdidas asciende por un monto de 4 mil 464 millones de pesos, de los cuales 359 millones de pesos son productos de 2015

Un reportaje de "Mucho Gusto", reveló que el municipio dirigido por Cathy Barriga es el que tiene más irregularidades y gastos sin justificar, principalmente por pago de horas extras y actividades sin respaldos.

"Lo ocurrido este fin de semana es de una gravedad absoluta. Queda claro que el ministro de Defensa no manda a las Fuerzas Armadas", afirmó el parlamentario de la Región del Biobío.

La fiscal general Diana Salazar pidió al poder Judicial se ejerciera prisión preventiva por un periodo de 90 días contra los procesados.