El 23 de enero del 2020, el Instituto Nacional de Deportes (IND) contrató vía trato directo a la empresa de Seguridad “JCA Segurity Ltda”, con el objeto de instalar guardias de seguridad para el centro acuático del recinto capitalino.

El 22 Juzgado Civil de Santiago resolvió acoger a trámite la demanda civil interpuesta por el Alto Mando de Carabineros contra la Contraloría General de la República y ordenó la suspensión del proceso, hasta conocer el fondo del caso.

Auditoría encontró falencias en el contrato de la Intendencia Regional con la empresa, por la compra de 5 mil cajas. Además, se encontraron más de mil casos sin firma de recepción de beneficiarios.

El Ministerio de Salud aclaró que todos los casos confirmados tienen "por ley el derecho de hacer uso de una licencia médica"

Ente fiscalizador señaló que existen 145 sumarios administrativos e investigaciones pendientes, algunos iniciados hace 4 años, sin que se conozca un resultado final, afectando gravemente a funcionarios municipales por parte de la autoridad edilicia.

Recordemos que el 28 de enero pasado, Piñera firmó el Decreto 77 que prorrogó por un año la vigencia de los permisos de operación de los casinos municipales. De no hacerlo, la cadena de casinos Enjoy quebraba.

Este miércoles, el polémico asesor de La Moneda, y reconocido por su cercana amistad con el Presidente Piñera, reapareció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trataba el tema del agua en zonas rurales y campesinas en Chile

La Contraloría General de La República detectó que 15 de 16 regiones pagaron un mayor precio mayor (por las canastas familiares), que lo cotizado en línea por cada Contraloría Regional, llegando a un promedio general de diferencia del 12,1% a nivel nacional, en el contexto del programa "canastas familiares", para poder ayudar a miles de familias chilenas por la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia.

En forma inédita, el ente contralor propuso la suspensión de los generales Enrique Bassaletti y Mauricio Rodríguez, ambos en servicio activo, y Jorge Ávila, actualmente en retiro.

Contraloría detectó que la empresa OHL Servicios cometió varios incumplimientos de contratos que significaban multas de aproximadamente 243 millones de pesos (4.825,5 UTM), que no fueron cobradas por el municipio.