Hace falta que la ciudadanía participe en forma activa e institucionalizada en la actividad contralora, por la vía de la existencia y funcionamiento de organismos en que puedan hacer valer la voz y los derechos de todos los afectados por la acción - o por la falta de acción - de los organismos estatales, frente a las situaciones contrarias al interés social que sucedan en los mercados.
