“Hay napas subterráneas que pasan por debajo de las casas y que por lo tanto desestabilizan las viviendas, por lo que los muros de contención que han hecho se han derrumbado, no sirven y aquí deben hacer una solución definitiva que las estabilice o una nueva vivienda que les permita tener tranquilidad tras una década”

Contraloría rechazó este jueves el decreto del Gobierno de Piñera, calificando la medida como inconstitucional, pues “de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.

En su reemplazo se anunció a Emardo Hantelmann, quien se desempeñaba como Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Gobierno buscaba con esta medida que las FF.AA. siguieran realizando labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, pese al término del Estado de Catástrofe Constitucional, que acaba este viernes 1 de octubre.

Se comprobó que las canastas de alimentos poseían poca variedad de alimentos y no cumplían con el aporte nutricional diario para infantes de sala cuna hasta educación, entre otras irregularidades.

De acuerdo a una investigación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis, desde agosto del 2018 a junio del 2021, en el Fosis se han pagado $355.740.680 por concepto de indemnizaciones y pago de remuneraciones con efecto retroactivo relacionadas a desvinculaciones consideradas ilegales y arbitrarias por los tribunales; y otros $70.142.809 por concepto de asesoría legal externa para estos juicios. Lo anterior ha traído como consecuencia un perjuicio económico de $425.883.489 para el patrimonio fiscal.

Diputada Carolina Marzán (PPD) ofició al Contralor General de la República para que inicie un proceso de investigación acerca de la legalidad de estos procesos, y al Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud para que informe acerca del conocimiento que tiene de esta situación.

Entre otras irregularidades, la Contraloría reprochó al SAG el haber autorizado el uso de plaguicidas basados solamente en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos, sin incorporar criterios sobre sus impactos en la salud.

En la actualidad, solo 88 fiscalizadores se encuentran trabajando a escala nacional, con la tarea de inspeccionar la actividad de las casi 17 mil empresas en las que tiene competencia la Superintendencia del Medio Ambiente

Delegados dijeron que llama mucho la atención la contratación de diferentes servicios de arriendo de insumos informáticos, como computadores, micrófonos, notebooks, cuando hubiera sido mucho menos oneroso adquirirlos. "También resulta al menos llamativa la fragmentación de servicios muy similares, debiéndose en principio realizar una única compra", añadieron.