El senador Esteban Velásquez presentó un proyecto de ley para que los municipios informen anualmente a la Contraloría y publiquen trimestralmente en sus webs el uso de los fondos del Royalty Minero. La iniciativa busca transparentar y fiscalizar el destino de estos recursos, asegurando su correcta inversión para el desarrollo comunal.

La entidad fiscalizadora admite una denuncia que acusa vicios en la Consulta Indígena por la propuesta de la Comisión por la Paz y la Nueva Constitución, proceso liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La acción busca que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de la contratación directa de la consultora.

Según el organismo fiscalizador, ante la emergencia, SERNAC realizó "acciones como la detención de los reclamos dirigidos a las distribuidoras de electricidad y a otras empresas o a la creación de un proveedor ficticio denominado 'Apagón'".

Hasta 150 mil pesos por persona implicaría el gasto del evento del Día del Funcionario, más del doble del gasto de años anteriores y de otros municipios con mayores recursos. Además, la Contraloría anunció que iniciará una investigación al respecto.

Brito expresó preocupación por los efectos prácticos que podría tener el dictamen, particularmente en regiones como la de Valparaíso: “¿Qué va a pasar con los estudiantes vespertinos? ¿Será el conductor de micro quien tendrá que acreditar si su viaje es con fines académicos o no? ¿Qué va a pasar con los estudiantes del Marga-Marga que pasarán de pagar $270 pesos a $820 por cada viaje?”, cuestionó.

Durante los años 2023 y 2024, casi tres mil funcionarios afiliados a Capredena y Dipreca salieron del país mientras estaban con licencia médica. La Contraloría detectó más de nueve mil viajes, algunos de ellos reiterados, y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Bajo la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga, al menos $974 millones provenientes del fondo Covid-19, fueron utilizados para pagar deudas preexistentes de la Municipalidad de Maipú con una empresa de recolección de basura, en lugar de destinarse a la compra de insumos médicos, equipos de protección o ayudas sociales.

El proyecto busca aplicar un criterio unificado en el pago de licencias, establecer un nuevo cálculo para el sector público y ampliar las atribuciones fiscalizadoras de COMPIN y FONASA.

El caso reaviva el debate sobre la probidad en la carrera pública y la congruencia de las críticas de Matthei hacia Gendarmería, mientras uno de sus principales colaboradores fue sancionado por irregularidades en el mismo organismo.