Debido a la contingencia actual por la pandemia del Covid-19, está previsto que la ceremonia se realice a partir de las 10:00 de la mañana en los jardines del edificio, en donde se instalará una carpa especialmente habilitada para albergar a los asistentes.

“Fríamente vista, la derecha o la oligarquía chilena o capitalista, no tiene programa, nunca ha tenido un proyecto país, no piensa para el país piensa para intereses privados", afirmó el profesor Gabriel Salazar.

A través de una declaración pública, las y los constituyentes de los pueblos indígenas Mapuche, Aymara y Chango exigieron “la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Javier Encina Morales”, junto con el nombramiento de un nuevo secretario “de comprobada idoneidad, que en su relación materialice los principios de buena fe, transparencia, buen trato, y diálogo intercultural, que son requerimientos mínimos en para el relacionamiento entre naciones originarias y el Estado”.

¿Es un problema que el hermano y asesor principal de una constituyente sea encargado de asuntos indígenas del PPD y haya sido uno de los principales operadores de la Concertación en materia de políticas indígenas? No somos quienes para juzgarlo, pero si estimamos que la constituyente electa y candidata a presidir la Convención, Elisa Loncon debe transparentar este vínculo y explicarlo.

El objetivo es lanzar un plan de participación que, mediante cabildos, asambleas y consultas, logre recoger la opinión de la comunidad y construir -en líneas generales- un mandato popular para la redacción de la nueva Constitución.

En la instancia se abordó la logística y procedimientos para la conformación de la Convención Constitucional y se debatió en torno al carácter de la ceremonia de instalación, planteando que deber ser abierta y de cara a los pueblos, permitiendo la presencia de las organizaciones y movimientos sociales.

El contrato de “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad”fue adjudicado el pasado 2 de junio pasado a INCAR Seguridad, empresa que cobrará un total de $488 millones distribuidos en diez meses y cuyo socio Luis González Pérez, es un ex carabinero excarabinero que integró el Grupo de Guardia Presidencial de Augusto Pinochet y Patricio Aylwin.

"Reclamamos, las necesarias condiciones democráticas para la participación de los pueblos, tanto respecto a las reglas de funcionamiento de la Convención, como por aquellas situaciones de contexto que vulneran los derechos humanos de grupos que participaron de la revuelta destituyente.", plantearon desde La Lista del Pueblo.

Wilfredo Bacián señaló que el decreto de convocatoria emitido por Piñera "pone requisitos y condiciones que no se encuentran en la Constitución, vulnerando la autonomía de la Convención".

El decreto exento Nº 1.684 plantea que "la secretaria relatora del Tricel dirigirá provisoriamente la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional y tomará la votación para la elección del Presidente de la Convención".