Se estableció que la Corte Suprema seguirá compuesta por 21 jueces, no obstante; deberá contarse con criterios de paridad de género, plurinacionalidad y descentralización.

Se obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a ampliar en 15 días la participación ciudadana. La sentencia fue celebrada por vecinos de Casa Blanca, que guardan comprensibles reparos frente a este proyecto que cruzaría 5 comunas entre la región de Valparaíso y Metropolitana.

El único ministro que estuvo en contra de esta resolución fue Haroldo Brito, quien pidió considerar "el largo tiempo que el sentenciado Francisco Facundo Jones Huala ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en la presente causa, tanto en prisión preventiva como cumpliendo su condena, que en los hechos se traduce en más de 2/3 del castigo impuesto".

La ministra tendrá exclusividad hasta agosto para seguir investigando el denominado Milicogate, donde están procesados prácticamente todos los excomandantes en jefe del Ejército.

Corte Suprema revoca sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago y acoge recurso de comunidades Colla para que se realice consulta indígena

Sitio pertenece a don Homero Catrilaf Amoyante, y tiene la calidad jurídica de tierra indígena, proveniente de la división de un Título de Merced a comienzos de la década de los 80. En 1989, fue objeto de un “arrendamiento por 99 años renovables, con promesa de compra” a arrendatarios que no tienen la calidad de personas indígenas, incluida una sociedad inmobiliaria.

La Tercera Sala del máximo tribunal consideró que, si bien el recurso de protección no es la vía para impugnar resoluciones judiciales, en este excepcional caso se acogerá la acción cautelar en resguardo de derechos de terceros ajenos al proceso judicial, por lo que ordenó reiniciar el procedimiento no contencioso ante un tribunal no inhabilitado.

Máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de la Policía de Investigaciones al denegar el ingreso al país de la mujer, en contravención de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y vigentes en Chile. 

Máximo tribunal dio la razón a la comunidad y ordenó a las autoridades supervisar el efectivo cierre de las operaciones de la transnacional minera.

Máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de la Policía de Investigaciones (PDI), al denegar el ingreso al país del amparado, que se encuentra tramitando su residencia definitiva en Chile.