Para el 27 de diciembre del 2019 ,cuando se gestionaba la compra de 20 mil cartuchos de perdigones calibre 12, provenientes de la empresa CBC, con sede en Porto Alegre, Brasil, la administración de Piñera había admitido las fallas en la aplicación de los protocolos policiales, y el número de personas con lesiones oculares superaba los 350 según los registros del INDH y los informes de Amnistía Internacional y Human Right Watch ya eran públicos.