"Si estas violaciones a los DD.HH. ocurrieron fue porque hubo un mando que no supo hacer bien su pega”, afirmó el contralor en una entrevista realizada en el programa Stock Disponible de Vía X,

El Ministerio Público determinó que Patricio Maturana,“con su actuar, incumplió lo instruido por el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público, así como también por lo establecido en la circular 1832 y Orden General 2635 que, entre otra cosas, reglamenta el uso y funcionamiento de carabinas lanzagases”.

Acción se originó tras revelarse que el Gobierno de Piñera ha mantenido como "letra muerta" una glosa de la Ley de Presupuesto 2021 que habilita como beneficiarios de indemnización económica a todas aquellas víctimas de violaciones de los Derechos Humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 y que hayan sido acreditadas por el INDH.

"A este carabinero se le deja libre de nuevo con un arresto domiciliario. Ni siquiera sabemos dónde está, lo están protegiendo", condenó Campillai, entrevistada en el programa Pauta Libre, de La Red.

“Los liberaremos, cueste lo que cueste”, manifestaron los estudiantes, que estaban acompañado de varios familiares de los presos del estallido, así como de víctimas de la violencia policial de Carabineros.

En tanto, el hermano de Gustavo Gatica, Enrique, manifestó que "algo grave que aparece es la autonomía con la cual funciona Carabineros y yo creo que refuerza un poco la idea de que, teniendo todos los antecedentes, el gobierno nunca quiso detener las violaciones a los Derechos Humanos".

El origen de esta declaración se remonta a la querella presentada el 4 de noviembre de 2019 ( por un grupo de 16 abogados, quienes acusan que las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron responsables de homicidios, torturas, apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular a 150 personas.

Mientras más profundas y organizadas sean las estructuras de quienes protagonizan los estallidos, mayor podría ser su impacto dentro de la realidad social y política. Por cierto que esto último estará condicionado por el tipo de lectura que aquellos hagan de la contingencia nacional, sabiendo aprovechar lo que la teoría sobre movimientos sociales ha denominado como oportunidades políticas para la acción.

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Valparaíso engloba varias querellas en una sola causa, entre las que se encuentra los casos de las más de 20 personas fallecidas por el estallido, así como los cientos de personas que resultaron víctimas de trauma ocular.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre del 2019 en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, donde la víctima recibió un impacto de perdigón resultando con lesiones en sus piernas.