Se definió como negacionismo a "toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de 2019, y con posterioridad a este".

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, valoró la decisión del tribunal ya que por un lado “expresa que la judicatura sí puede tener un control jurisdiccional relevante ante el ejercicio incorrecto o inapropiado de la decisión de no perseverar en el procedimiento que ejerce el Ministerio Público, puesto que si una investigación está incompleta, la justicia sí puede asegurar, en este caso concreto, una investigación justa, racional y adecuada”, sostuvo.

"Si estas violaciones a los DD.HH. ocurrieron fue porque hubo un mando que no supo hacer bien su pega”, afirmó el contralor en una entrevista realizada en el programa Stock Disponible de Vía X,

El Ministerio Público determinó que Patricio Maturana,“con su actuar, incumplió lo instruido por el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público, así como también por lo establecido en la circular 1832 y Orden General 2635 que, entre otra cosas, reglamenta el uso y funcionamiento de carabinas lanzagases”.

Acción se originó tras revelarse que el Gobierno de Piñera ha mantenido como "letra muerta" una glosa de la Ley de Presupuesto 2021 que habilita como beneficiarios de indemnización económica a todas aquellas víctimas de violaciones de los Derechos Humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 y que hayan sido acreditadas por el INDH.

"A este carabinero se le deja libre de nuevo con un arresto domiciliario. Ni siquiera sabemos dónde está, lo están protegiendo", condenó Campillai, entrevistada en el programa Pauta Libre, de La Red.

“Los liberaremos, cueste lo que cueste”, manifestaron los estudiantes, que estaban acompañado de varios familiares de los presos del estallido, así como de víctimas de la violencia policial de Carabineros.

En tanto, el hermano de Gustavo Gatica, Enrique, manifestó que "algo grave que aparece es la autonomía con la cual funciona Carabineros y yo creo que refuerza un poco la idea de que, teniendo todos los antecedentes, el gobierno nunca quiso detener las violaciones a los Derechos Humanos".

El origen de esta declaración se remonta a la querella presentada el 4 de noviembre de 2019 ( por un grupo de 16 abogados, quienes acusan que las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron responsables de homicidios, torturas, apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular a 150 personas.

Mientras más profundas y organizadas sean las estructuras de quienes protagonizan los estallidos, mayor podría ser su impacto dentro de la realidad social y política. Por cierto que esto último estará condicionado por el tipo de lectura que aquellos hagan de la contingencia nacional, sabiendo aprovechar lo que la teoría sobre movimientos sociales ha denominado como oportunidades políticas para la acción.