El asedio al oasis es el título de esta entrega que se estrenará el jueves 14 de octubre a las 18:00 horas, y que es protagonizada por una víctima de trauma ocular, un preso político que pasó 5 meses en la cárcel de máxima seguridad y un miembro de la primera línea, además de las reflexiones de participantes en marchas y cabildos, junto con el análisis del cientista político Máximo Quitral y la constituyente por el distrito 20, la abogada Amaya Alvez.

Durante la tarde de este martes, se confirmó el cambio de medida cautelar para el desvinculado teniente coronel de Carabineros, quien quedó bajo arraigo nacional y firma quincenal.

"El cuestionamiento profundo a la herencia del pinochetismo dejó expuesta la miseria y la precarización social de millones de personas, mientras que una casta empresarial y política se enriquece cada día más

Durante el transcurso de la jornada de hoy, los convencionales aprobaron,por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones, el artículo 23 que sanciona el negacionismo al interior de la Convención Constitucional, en el caso de la dictadura, cívico-militar, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este, así como el genocidio a los pueblos originarios.

La joven, quedó con secuelas que a la fecha afectan su desarrollo, entre ellos ataques epilépticos, dolores de cabeza constantes y no puede ver bien de su ojo derecho ni escuchar bien.

“Creemos que la reunión ha sido bien provechosa, hemos podido avanzar en varias temáticas, principalmente de índole doméstica, como también estamos avanzando en temas de la libertad condicional”, explicó el abogado y vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Jaime Fuentes.

La imputada, quien es cabo segundo de la institución policial, sometió a las víctimas a una revisión pormenorizadas de su cuerpo y sus vestimentas, obligándolas a permanecer en ropa interior por largo tiempo y a hacer sentadillas.

El carabinero, Víctor Torres, fue acusado por disparar a quemarropa en contra del joven estudiante de la Universidad de Concepción, Gabriel Arias, hiriéndolo en una pierna.

Los manifestantes denuncian que que muchas de las víctimas han tenido que costear – con rifas y medios privados – los tratamientos para atenderse la vista, mientras que otros pacientes fueron dados de alta, pero aún contaban con piezas de perdigones en los ojos.

Sebastián Sichel es el fiel reflejo de lo que su conglomerado ha sido, es y será en materia de derechos fundamentales: eufemísticamente llamar paz social a las violaciones a los Derechos Humanos para mantener el orden e incrementar las exorbitantes cuentas bancarias de su sector, a costa de la miseria de los (as) pauperizados (as) trabajadores (as).