La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Valparaíso engloba varias querellas en una sola causa, entre las que se encuentra los casos de las más de 20 personas fallecidas por el estallido, así como los cientos de personas que resultaron víctimas de trauma ocular.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre del 2019 en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, donde la víctima recibió un impacto de perdigón resultando con lesiones en sus piernas.

Capillai señaló que Desbordes “no tiene idea de lo que está hablando, las balas no fueron rebote así lo comprobamos y yo lo viví así", dijo tras sostener una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Los cuatro candidatos que se enfrentarán en las primarias presidenciales de este domingo, coincidieron que tras el estallido social se violaron derechos humanos en Chile, pero consideran que no fue una política sistemática.

Bancada de diputados de la UDI anunció que hará "reserva de constitucionalidad" contra el proyecto de ley que busca reparar a las víctimas de lesiones, mutilaciones y muerte de familiares, en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019.

"No queremos más pactos con el gobierno, que nos ha hecho estas vulneraciones a nuestros derechos humanos, que nos ha asesinado. Queremos que se reconozca que existen presos políticos, que existen asesinados y las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, por eso estamos acá exigiendo la verdad para seguir visibilizando los casos y que no se queden como algo que ya pasó", afirmó el joven que fue aplastado por dos carros lanzagases en diciembre de 2019.

Durante la sesión de este jueves de la Convención Constitucional, donde se aborda la propuesta de una declaración sobre los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, Dorador recordó que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo 23 personas fallecidas y 3.838 lesionados hospitalizados.

“Estamos las dependencias del INDH porque esta agencia del Estado no ha aceptado la existencia de presos políticos y no ha dicho que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos como ocurre en la actualidad y como ocurrió en la revuelta”, expresaron los voceros de la manifestación pacífica.

Este proyecto ya fue aprobado por las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública del Senado.

"Es una deuda que tenemos que ser capaces de conversar y saldar, y  este es buen espacio para generar un diálogo democrático, de justicia y de inclusión (...) La paz social tiene un costo y ese costo es la  justicia", aseveró aseveró el vicepresidente de la Convención Constitucional, al referirse a los presos políticos del estallido social.