El proyecto plantea "disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales"

Vicealmirante Juan Andrés De la Maza estuvo a cargo de las fuerzas de orden y seguridad durante el estallido social en Valparaíso, "período durante el cual se registraron numerosas violaciones a los Derechos Humanos", afirmó el abogado Luis Cuello, quien junto a un grupo de concejales electos de la Región, pidió un pronunciamiento de la CIDH.

Omar Jerez y Jeremy Ramírez habían sido condenados a finales de marzo de este año por el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por delitos menos graves que los acusados por el Ministerio Público.

Desde el INDH indicaron que este es el primer juicio oral finalizado en Chile con una causa asociada a la crisis social, y la segunda causa presentada por el INDH en la que se logra una condena.

Como parte de esta red se creó un grupo de WhatsApp, en el que participaban funcionarios municipales y Carabineros, quienes presionaban a funcionarios del establecimiento por delatar a estudiantes y entregar información sobre movilizaciones; sirviendo de insumos para iniciar procesos de expulsión a través de la ley Aula Segura, promovida por Alessandri.

Causa ya tiene tres funcionarios policiales más como imputados, quienes se encuentran formalizados desde octubre de 2020 como autores de los apremios ilegítimos.

Una buena parte de lo que podríamos llamar alternativas al neoliberalismo, están representadas en las opiniones de los recientemente electos y electas convencionales; mucha menos claridad se observa en los pre candidatos presidenciales que se dicen anti neoliberales; éstos están más preocupados de las posibles negociaciones en segundas vueltas y dispuestos a olvidar con cualquier argumento las promesas de campaña.

Como medida cautelar, se ordenó arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima: el director del diario y el denunciante, fijándose un plazo de 100 días para la investigación.

“Yo sé que hubo atropellos, o violaciones a los derechos humanos, pero nunca ha habido una política institucional, ni desde el Gobierno, ni de Carabineros, ni de la PDI, ni de las Fuerzas Armadas", dijo Sebastián Piñera en entrevista con Mónica Rincón de CHV Noticias.

En dos de las querellas los carabineros son imputados por el delito de vejaciones injustas, mientras que las otras dos corresponden a tratos crueles inhumanos y degradantes.