familiares y amigos acusan persecución política por los 18 detenidos que participaron en la primera línea en el estallido social, pero que insisten no están involucrados en bandas criminales, razón por la que se dio orden a los allanamientos que culminaron con la detención masiva, si no que son personas que trabajan en organizaciones sociales y son líderes en ollas comunes, donde descartan vínculos políticos.

El anuncio despertó numerosas críticas, pues hace algunos días, el general director de Carabineros declaró en la Cámara de Diputados que la institución "no cuenta con las capacidades suficientes" para atender los casos de violencia intrafamiliar.

Debido a la brutalidad de la golpiza, la víctima sufrió seis fracturas en el rostro y una grave deformación. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2019, cuando un pequeño grupo de personas se manifestaba pacíficamente en Gran Avenida con Avenida Central, en Santiago.

Iniciativa establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de las movilizaciones sociales.

Corte de Apelaciones de Santiago estableció que la información solicitada por ley de transparencia tiene el carácter de reservada "por corresponder a comunicaciones privadas".

Guillermo Silva recordó que "los Derechos Humanos –reconocidos a todas las personas sin excepción– representan un límite infranqueable para la actividad de los órganos del Estado, se trate de las policías, los tribunales o cualquier otro ente".

Javiera y Margarita, integrantes del Cabildo Barrio Seminario y vecinas de la Plaza Dignidad, nos cuentan sobre el Jardín de la Resistencia, una de las pocas expresiones de la manifestación social que se ha conservado prácticamente intacta desde la rebelión de octubre 2019.

Transcurrido más de un año del estallido social del 18 de octubre, y pese al infame silencio de los grandes medios, El Ciudadano se abre paso ante la censura y brinda un homenaje a la memoria de sus víctimas, cuyas vidas fueron injustamente apagadas.

En forma inédita, el ente contralor propuso la suspensión de los generales Enrique Bassaletti y Mauricio Rodríguez, ambos en servicio activo, y Jorge Ávila, actualmente en retiro.

Al 18 de febrero de 2021, la sede regional del INDH de Ñuble ha presentado 46 querellas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social.