Ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército.

La restauración de Kast aparece entonces como la otra cara de las tímidas reformas impulsadas por el progresismo. Reforma y restauración son planteados como mecanismos complementarios de preservación de la dominación burguesa.

La alternancia Boric–Kast no es, por tanto, una contradicción, sino una continuidad: la contrainsurgencia, que bajo Piñera fue explícita, se transformó bajo Boric en normalidad progresista, legitimada en nombre del orden, la gobernabilidad y la responsabilidad republicana.

A nivel mundial, Chile estaría 55 entre los 156 países del mundo, según el Informe Mundial sobre Felicidad, aunque ahora tememos un descenso estadístico a propósito del incremento de asesinatos, secuestros y otros delitos.

Resulta grotesco presentar un relato de política ficción para justificar los zigzagueos del gobierno de Gabriel Boric y reditarlos como éxitos de una gestión ejemplar.

Todavía no existe una conciencia clara de que nuestro país, desde la dictadura, se constituyó probablemente en el país más corrupto de América, si entendemos por corrupción la colusión que se da entre los poderes económicos y políticos en fundamental beneficio de los primeros.

Notablemente, se ha pasado por alto en la conmemoración del medio siglo de la desgraciada destrucción de nuestra democracia que, no sólo se instauró una dictadura terrorista de 17 años, sino que también su diseño a largo plazo ha tenido pleno éxito hasta el día de hoy.

La reivindicación de Pinochet por la Concertación fue aún mayor en el ámbito económico. Es decir, en la aceptación que hicieron sus gobiernos de las estructuras económicas y sociales heredadas de la dictadura que respondían a un neoliberalismo extremo y a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

En el futuro previsible, cualquiera sea el desenlace de este “proceso constituyente”, el modelo económico-social neoliberal impuesto por la dictadura seguirá vigente.

La izquierda chilena, aun cuando acuda a modelos no sincrónicos para representarse el presente (la Unidad Popular, el retorno de la democracia, los gobiernos de la Concertación) lleva décadas apoyándose en grupos sociales que ven al Estado como un botín—convirtiéndose evidentemente en ellos. Mientras ello no cambie, el siguiente turno será el del fascismo.