El ministro del Interior pidió que el Estado ejerza acciones para demandar a la empresa. En la Cámara de Diputados ya existen conversaciones para citar a declarar al director de la institución, Tulio Arce. Según fuentes confiables de El Ciudadano, la señal del telemático también se pierde cuando sujetos bajo libertad vigilada ingresan a estaciones subterráneas del Metro.

En medio de una serie de denuncias por mal uso de recursos y otras desprolijidades en la administración, los funcionarios desarrollan manifestaciones en diferentes penales del país para conseguir respuesta del gobierno a la demanda de la creación de la carrera funcionaria institución.

El profesional de la Subdirección de Administración y Finanzas denunció la presunta "complicidad" del director nacional, Tulio Arce, y otras autoridades del servicio, con respecto a eventuales irregularidades en licitaciones, infraestructura tecnológica y los abultados sueldos, jubilaciones y recontrataciones de oficiales penitenciarios.

Fuentes de El Ciudadano apuntan a un lobby intenso del director Tulio Arce y la ministra Javiera Blanco para revertir las observaciones lapidarias al criterio de fijación de pensiones que reciben ex oficiales penitenciarios y que bordean, en algunos casos, los 6 millones de pesos mensuales. A esta situación, que revienta en medio de una jornada de movilización nacional, se suma la abrupta petición de renuncia a dos subdirectores que no cuentan con la simpatía de la máxima cabeza del servicio.

El portal Gobierno Transparente permite constatar que el funcionario recibió en marzo una remuneración bruta mensualizada de $9.163.947, superior a la dieta de un parlamentario.

El material habría sido compartido en un grupo de WhatsApp de oficiales, denominado "El club de Tobby". Las entrevistas de la PDI a los eventuales implicados aún no llegan a manos del Ministerio Público.

El alto mando busca determinar el origen de las denuncias por supuesto acoso laboral, distribución de material pornográfico infantil, protección a oficiales, vínculos de funcionarios con el ex jefe operativo de la CNI, entre otras irregularidades que han sido cubiertas por este medio.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó este jueves 12 de mayo la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Calama, que aprobó la suspensión condicional del procedimiento para 12 funcionarios de Gendarmería imputados por tormentos y apremios ilegítimos, hechos registrados en julio de 2013, al interior del CDP de Calama

Los involucrados son sobrinos políticos de la mano derecha del Director Nacional de la institución, Tulio Arce. De acuerdo a fuentes de El Ciudadano, las pesquisas que permitirían sancionar a los funcionarios "no avanzan".

El ex jefe de la CNI pidió expresamente que no se le entregara información a El Ciudadano.