En este escenario la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ahondó en su decisión de intervenir en el organismo, determinación que fue adoptada el viernes pasado y notificada al director de Gendarmería, Tulio Arce.

"El Estado de Chile ha reconocido incluso con informes emanados de la propia Corte Suprema que las personas que se encuentran privadas de libertad en este país viven en situación de hacinamiento, con raciones de comida de hambre y vulneración de sus derechos, todo esto por falta de recursos económicos. Ahora sabemos dónde van parte de los recursos que faltaban", manifestó el jurista Roberto Ávila.

Mientras la ex subdirectora - técnica de Gendarmería y esposa del presidente de la Cámara señala que pensión de $ 5.214.000 se ajusta a Derecho, la Contraloría sostiene que los pagos de este tipo no pueden superar el millón y medio. El órganos contralor investiga sobrepagos en pensiones que alcanzan los $5.400 millones desde 2010.

El diputado Jaime Pilowsky calificó de "aberrante" que pensiones de altos funcionarios del servicio penitenciario, abultadas de manera artificial, sobrepasen 25 veces lo que gana un chileno promedio que cotiza en AFP.

Dirigente de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmeria (ANOPRO) señaló que el director nacional Tulio Arce "faltó a la verdad" en entrevista que concedió a El Ciudadano.

La autoridad ancestral solo pudo salir entre las 11:00 y 17:00 horas, luego de 3 intentos por parte de la Fiscalía Penal Mapuche. En esta oportunidad será escoltada en todo momento por un equipo especial de Gendarmería.

De acuerdo a un reciente dictamen del contralor Jorge Bermúdez, los montos se calculaban de manera artificial. Así ocurre con las jubilaciones correspondientes a ex directores del servicio, que bordean los seis millones de pesos.

El oficial habló por primera vez sobre la incautación de computadores a ex militares condenados en Punta Peuco y el difuso destino de sus discos duros. También respecto a la salida de dos subdirectores, la presunta ligación de su padre con la DINA y el lento avance de algunas investigaciones internas por irregularidades dentro de la institución.

El beneficio no podrá superar el millón 600. Sin embargo, la decisión no es retroactiva.

La institución dirigida por el coronel Tulio Arce insistía en reservar los documentos solicitados por El Ciudadano, aludiendo a una protección de la "vida privada" del ex agente represor de la dictadura.