Viviana Novoa fue detenida en diversas ocasiones y sometida a torturas por funcionarios de Carabineros y agentes de la CNI

Máximo tribunal recordó que la reparación es una obligación que pesa sobre un Estado que ha violado los Derechos Humanos, y estableció un error de derecho en la sentencia anterior de este caso, emanada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió la prescripción, lo cual no corresponde por ser un delito de lesa humanidad, y por ende, imprescriptible.

La víctima, militante del Partido Comunista y dirigente de la Central Única de Trabajadores, tenía 32 años y 5 hijos al momento de su secuestro, perpetrado por agentes de la DINA.

La querella fue interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) en defensa de los diferentes clientes afectados que adquirieron un total de 185.000 vehículos entre los años 2000 y 2012

La niña desarrolló un cuadro de estrés que derivó en convulsiones y ataques de epilepsia, acorde a los estudios neurológicos que se le practicaron y fueron adjuntados al expediente

Tribunal apuntó al daño moral causado a la víctima por parte de los agentes del Estado: "En términos amplios significaría un menoscabo afectivo, representado en un atentado a los valores o más largamente a los sentimientos de un individuo, en cuanto intereses tutelados por el derecho, que se produce con ocasión de la comisión de un hecho ilícito sobre su persona o bienes", indica el fallo.

Golpizas frecuentes, trabajos forzados, exposición a bajas temperaturas sin ropa, posiciones forzadas por largo periodo de tiempo, fueron algunas de las prácticas de lesa humanidad perpetradas por los agentes del Estado en contra de las víctimas, que tuvieron que exiliarse en Francia.

Mario Cisternas fue capturado en Puchucanví, por efectivos de Carabineros y la Fach, quienes lo llevaron a la Base Aérea de Quintero y luego a la Intendencia de Valparaíso y al buque Lebu de la Armada, lugares donde fue sometido a interrogatorios bajo golpes y torturas.

Corte de Apelaciones de San Miguel acogió su demanda de indemnización de perjuicios y condenó al Fisco a pagarle a ella y su familia una suma total de $680.000.000.

En su fallo, la Corte de Santiago afirmó que "no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de violaciones a los derechos humanos".