La entrega del Salar de Atacama hasta el 2060 a los nietos de Pinochet se instaló con fuerza en el debate presidencial. Los ejes argumentales de los candidatos frente a la asociación SQM Codelco varían entre la necesidad de la ética en política, instalada por Jeannette Jara; que “el acuerdo es bueno para Chile”, según Gonzalo Winter y Jaime Mulet; o que “necesitamos de la empresa privada”, narrativa de Carolina Tohá. En tanto, Francisca Ponce Pinochet observa a distancia como la disputa tensa a la coalición de gobierno.

Las fallas del acuerdo SQM-Codelco que han salido a la palestra tras la investigación desarrollada por la Cámara, despertó estrategias de control de daños de los promotores de la entrega del Salar de Atacama a Julio Ponce Lerou. Así economistas de varios sectores políticos y hasta el propio presidente Boric salieron en su defensa. En tanto, los cálculos dan cuenta de una pérdida entre 5.200 a 5.700 millones de dólares para el patrimonio público.

Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas.

En menos de 24 horas el Gobierno pasó de imponer por la fuerza un decreto que terminaba con la Neonatología en hospitales de Nivel 1 a apoyar las demandas del Colegio de Matronas. Si bien para sus partidarios se dio una imagen de receptividad, el sorpresivo cambio de postura del Gobierno dejó sin piso no sólo a la Ministra de Salud y al Subsecretario de Redes Asistenciales, sino que por sobre todo a las políticas de recorte del presupuesto de Mario Marcel.

Si ante la Comisión Investigadora de la Cámara el presidente del directorio de Codelco defendió con uñas y dientes la reserva de confidencialidad en el acuerdo SQM-Codelco, en las últimas semanas sacó a relucir la transparencia en las negociaciones. Lo cierto es que aún en la Cámara esperan varios documentos claves de la negociación y el costo de las asesorías de Morgan Stanley, en tanto el acta de la sesión de la Corfo aparece con dos tercios de las páginas tachadas.

El abogado Andrés Fuchs advirtió que aún la FNE no ha dado su parecer sobre el contrato off take de potasio en la penúltima sesión de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo Codelco-SQM. En tanto, la División Antimonopolios de la instancia fiscalizadora está realizando una pesquisa para determinar la posible existencia de infracciones a la normativa de libre competencia en el mercado de productos potásicos en Chile.

Si bien la FNE aprobó la Fase 1 del acuerdo entre SQM y Codelco que amplia hasta el 2060 los negocios de Julio Ponce Lerou en el Salar de Atacama, identificó posibles infracciones de carácter monopólico en el mercado del potasio, remitiendo una investigación a la División Antimonopolios. Entre las medidas de mitigación aceptadas por la FNE está el compromiso de los ejecutivos de “no compartir con terceros información comercial sensible de la empresa”. De igual modo advirtió que “la operación podía reducir sustancialmente la competencia”.

El emplazamiento de Evelyn Matthei sobre el acuerdo entre SQM y Codelco es una granada de mano en plena campaña presidencial que expone las contradicciones de la coalición gobernante en política minera. El cálculo de la andanada dio en el blanco al alinear al gobierno y a la pre-candidata Carolina Tohá en la defensa de la entrega del litio a los nietos de Pinochet, lo que contribuye para la confusión y dispersión del electorado de centro-izquierda.

Si bien la pre-candidata de la coalición gobernante no ha estado ligada a la negociación que entrega la explotación del Salar de Atacama a los nietos de Pinochet, cuando fue presidenta del PPD y para su candidatura a alcaldesa de Santiago (2011-2012), su partido recibió 57 millones de pesos de SQM. Tohá siempre ha dicho que no tenía idea de donde venía ese dinero, aunque reconoce haber tenido reuniones con el gerente de la empresa de Ponce Lerou, en las que se hablaba de “Soquimich y su concesión”.

Para evadir el impuesto específico a la minería SQM ha desplegado en los últimos años una compleja fórmula que obliga al SII a ir a tribunales. Para 2022 eran 745, 3 millones de dólares de deuda, sin considerar intereses y multas. La elusión impositiva ha sido una política de SQM, detectada incluso en el gobierno de Piñera, cuando subdeclaró $2.600 millones en impuestos. Luego, en el segundo gobierno de Bachelet, pillaron que pagó 8.9 millones de dólares menos por el arriendo de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama.