Este es el principal argumento esgrimido por la defensa del ex presidente de la UDI, que establece que la medida cautelar de arresto domiciliario es exgerada. En la misma jornada se determinó arraigo nacional y firma quincenal para el ex diputado RN Alberto Cardemil.

La notificación de medidas cautelares contra el ex senador de la UDI coincidirá con la formalización del ex diputado de RN Alberto Cardemil, quien también es investigado en la causa.

El ex ministro de Interior declaró por primera vez ante el Ministerio Público en calidad de imputado por su relación con el caso Soquimich. La declaración se alargó durante cinco horas.

En la nueva jornada judicial se detalló por parte de la Fiscalía el mecanismo a través del cual se defraudó al fisco en más de dos mil millones de pesos a través de la suscripción de contratos a futuro. Al mismo tiempo, se busca establecer si estos montos fueron destinados a campañas políticas.

El persecutor en la investigación de los casos Penta y SQM, presentó nuevos antecedentes, que vinculan al caso Corpesca con SQM. El Fiscal Nacional confirmó que Gajardo y su equipo siguen, al igual que el fiscal Marcelo Acuña designado por el fiscal metropolitano Oriente, quién tiene conflicto de interés por haber sido funcionario de SQM por casi 10 años. La investigación de los aportes monetarios de grupos económicos a campañas políticas se enreda más y el manto de dudas oscurece el panorama de la investigación.

Tres millones de pesos acabaron en manos de la Fundación Blanca Estela, administrada por la esposa del comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga. La transferencia es cuestionada por la defensa de los sargentos Hugo Almonacid Ávila y Cristian Caro Badilla, quienes informaron la situación al Ministerio Público y ahora buscan un pronunciamiento de la Contraloría.

Los aportes legales de 7 millones de dólares se suman a los irregulares, que ascienden a 11 millones. En los tomos secretos de la investigación se menciona como sospechosas de ilícitos tributarios similares a los de SQM a las empresas Ripley y Alsacia, del Transantiago.

Marcelo Leiva, representante de los fiscales, señala que “el poder político, en este caso el Senado, no está para escuchar. Claramente el día de hoy se demostró que los señores senadores no pueden ser tocados porque en definitiva reaccionan de la forma en que están reaccionando el día de hoy”.

Sabas Chahuán señaló que “sin duda Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos a los que hay que perseguir penalmente”.

Continúan las sospechas de la familia sobre la eventual intervención de terceras personas ligadas al hotel, y vinculaciones con drogas y fiestas clandestinas en San Pedro de Atacama.