En abril de 2018, un estudio realizado por la Contraloría General de la Unión (CGU) concretó que al menos 89 funcionarios del Régimen de Temer habían sido reemplazados de sus cargos al corroborarse su vinculación en delitos de corrupción y sobornos. Esta cifra -según el informe- es la más alta registrada desde el año 2003, cuando comenzó a medirse este indicador