Propuesta de Michelle Bachelet que reemplazó moción de Bancada Glaciar cambia completamente el sentido de la iniciativa original: pasa de una protección de todos los glaciares y la intervención solo en casos específicos a una especie de carta blanca para afectarlos todos y salvaguardarlos solo en casos excepcionales.

El camino para lograr una ley que proteja los glaciares en territorio nacional ha sido largo y no obstante infructuoso. Desde el año 2005, cuando Bachelet se comprometió por primera vez durante su campaña presidencial a patrocinar un proyecto de ley que resguardara los macizos, han tenido que pasar 10 años para que el ejecutivo se pronunciara legislativamente al respecto, al respecto -una vez más- de la protección de los intereses mineros, dejando en manos del Comité de Ministros el futuro de la mayoría de formaciones del país.

Un Flash Report de la firma confirma en 2013 la apertura de un camino no autorizado en el glaciar Toro 1, destruido en su mayoría por las actividades de la minera canadiense.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace repudiaron que la firma del acuerdo para la indicación sustitutiva que el ejecutivo ingresará al proyecto de Ley de Protección de Glaciares se hiciera a puerta a puerta cerrada y diferencie entre glaciares mayores y menores, además de eludir referirse a la protección de aquellos que se encuentran dentro de concesiones mineras.

Tendrá un costo de $4.990 al mes y funcionará de lunes a domingo durante todo el día.

La necesidad de una ley nacional que refuerce las ordenanzas de aquellas municipalidades que han decidido enfrentar por su cuenta un problema ambiental que afecta y preocupa a todos los ciudadanos chilenos fue uno de los ejes sobre los que giró la cumbre sobre el uso de bolsas plásticas celebrada en Pucón.

Inquirido ante los 4 plazos vencidos sin que el Ejecutivo haya indicado el Proyecto de Ley de Protección de Glaciares presentado en mayo, Badenier señaló que pese a los intereses contrarios que sobre el proyecto pueda tener el sector minero, el gobierno ha demostrado independencia y que la moratoria obedece al interés por presentar una indicación sustitutiva de "calidad".

-Comisión de Evaluación Ambiental aprueba la iniciativa portuaria de CAP en la comuna de la Higuera obviando daños al ecosistema marino de Punta de Choros. -Mina Dominga, la otra amenaza -Badenier por Caso Penta y su vinculación con la explotación minera; "Si el proyecto es desistido es una decisión del titular, no nuestra"

Amplio debate, profundas reflexiones y sólidas propuestas se hicieron presentes en el Seminario sobre conservación marina. En el nivel de las ideas todo parece estar claro, lo que ya es un avance, pero lamentablemente todo esto en gran medida no se está materializando.

Los vecinos de Parral irradian felicidad ya que mediante una carta enviada al Servicio de Evaluación Ambiental, la empresa Río Cautín desistió de la implementación del proyecto “Generación de Respaldo Peumo” que se pretendía construir en la comuna