"¿Qué tiene que suceder para tomar una decisión y dejar de permitir que gente como Délano, Piñera y compañía hagan lo que quieran para seguir mintiéndonos y manipulando? (...) ¿No son suficientes todas las voces de los más diversos ámbitos y expertises de la sociedad que comprende que un proyecto de esta naturaleza sería un ecocidio, más aún cuando enfrentamos las consecuencias de la crisis climática y la mala gestión de los gobiernos?", pregunta la Alianza de Humboldt frente a posible venta de proyecto Dominga.

Tercera Sala del máximo tribunal deberá ahora pronunciarse a través de un fallo, si aprueba o no la resistida y cuestionada iniciativa.

El 94% cree que el cambio climático es una emergencia en Chile. Del total, 9 de cada 10 chilenos consideran que la crisis climática les afectará a ellos y sus familias.

La instancia judicial aún revisa el caso del avión Casa que se accidentó en la isla de Juan Fernández en 2011.

"Voy a tomarme todo el tiempo que sea necesario, para leer desde la página uno hasta la última de la acusación constitucional, para que así nadie diga que no conocía los antecedentes ni los hechos de los cuales está siendo acusado el Presidente de la República", sentenció Naranjo.

La Cámara de Diputadas y Diputados citó a todos los parlamentarios para el próximo lunes 8 de noviembre, a las 10:00 de la mañana para analizar el texto.

“Con este recurso se busca que el Comité de Ministros, de forma imparcial y de frente a toda la ciudadanía, se pronuncie sobre los argumentos técnicos que demuestran que este proyecto no ha sido correctamente evaluado, amenazando así el sustento de vida y trabajo de los recurrentes”, explicó Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA.

“Increíble. La Moneda se niega a proporcionar los correos electrónicos o direcciones de los hijos de Piñera para invitarlos a informar de la operación Dominga a la Comisión de Acusación Constitucional. Vamos a insistir y pedir que lleguen directo al domicilio del Presidente”, denunció el diputado Leo Soto (PS).

Secretarios regionales ministeriales participaron en una nueva sesión de la comisión que estudia la acusación constitucional contra el Presidente de la República, en el Congreso.

Los Piñera Morel pudieron recibir los US$3,2 millones que les correspondían por cumplir la cláusula que garantizaba que, entre el 10 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011, la zona no se convertiría en parque o reserva, que impidiera la instalación de la mina y su puerto.