«Postergar el debate de Sala Cuna para Chile tiene un costo social y económico altísimo

Greenpeace launched a civic campaign urging the Senate to urgently approve the Fire Law, which has been stalled for two years as the burned area triples this season. Meanwhile, wildfire engineering experts warn that while the law is necessary, it is insufficient without a comprehensive state policy and anticipatory territorial prevention.

Greenpeace lanzó una campaña ciudadana exigiendo al Senado aprobar urgentemente la Ley de Incendios, estancada hace dos años mientras la superficie quemada se triplica esta temporada. Por su parte, experto ingeniero en incendios forestales advierten que la ley, aunque necesaria, es insuficiente sin una política de Estado integral y prevención territorial anticipada.

Senator Gastón Saavedra has passionately condemned a controversial bill that seeks to provide an alternative punishment system for inmates, potentially allowing house arrest for convicted perpetrators of human rights violations during Pinochet's dictatorship, describing it as an attempt to create impunity.

“Lo que pretenden hacer los parlamentarios de derecha es un proyecto de impunidad, en desmedro y en castigo de las familias que aún no tienen verdad y justicia”, advirtió el legislador

The expropriation of part of the Cerro Centinela water mega-project has intensified the housing debate. In the Senate, the government defended the measure as an exceptional response to a social emergency.

La expropiación de parte de la megatoma del Cerro Centinela volvió a tensionar el debate habitacional. En el Senado, el Gobierno defendió la medida como una respuesta excepcional ante una emergencia social.

The law standardizes the crime of extortion across all 32 federal entities, closing legal loopholes that have enabled impunity for years. This uniform legal framework will facilitate a coordinated and effective national response, establishing penalties of up to 42 years in prison for those who commit this crime.

La Ley contempla la homologación del delito de extorsión en las 32 entidades federativas, cerrando vacíos legales que durante años facilitaron la impunidad. Este marco jurídico uniforme permitirá una respuesta nacional coordinada y eficaz. Asimismo, establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.

La candidata al Senado por La Araucanía cuestiona el afán mediático de crear falsas rivalidades y subraya que la inclusión mapuche fortalece la reivindicación de derechos sociales, económicos y políticos para el país completo.