Comunidades de diferentes pueblos originarios rechazan las modificaciones a la Ley Lafkenche que se discuten en el Senado, señalando su role importancia en el resguardo de sus derechos ancestrales y sus prácticas consuetudinarias.

“Para el Partido Comunista es un orgullo presentar la candidatura de Elisa Loncon al Senado. Su trayectoria académica y su compromiso con el pueblo mapuche y los pueblos originarios representan un aporte fundamental para construir un Chile más justo, democrático e inclusivo", destacó Carmona al referirse a la reconocida académica y expresidenta de la Convención Constitucional.

En la actualidad el oficialismo cuenta con 2 senadores y la derecha ostenta 3 senadores. Sin embargo, la meta de este sector es poder llegar a controlar a 4 de los 5 escaños disponibles, lo cual afectaría el mapa político del sur del país.

La exconstituyente cambia de bando tras su fallido intento con el partido del Presidente Boric, tomando otro respaldo por La Araucanía.

El pueblo Chango alerta que la modificación de la Ley Lafkenche amenaza derechos colectivos y territorios costeros.

La iniciativa, que contó únicamente con el respaldo de parlamentarios de la derecha, avanzó en el Senado medio de una fuerte controversia, ya que. no distingue la gravedad de los delitos y podría beneficiar a criminales de lesa humanidad.

"Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a  condenados por crímenes de lesa humanidad. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables", indicaron los integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

La presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, advierte que el proyecto conocido como “Ley Mordaza 2.0” representa un retroceso democrático y podría criminalizar la labor informativa sobre temas de interés público.

Desgraciadamente, durante la historia republicana de Chile el Estado ha cometido frecuentemente grandes masacres con nuestro pueblo las que han quedado casi siempre en total impunidad.

Comunicadores advierten que la medida atenta contra la libertad de prensa y obstaculiza el trabajo de investigación periodística.