"Queda en evidencia que la implementación del nuevo servicio ha sido un gatopardismo, un más de lo mismo, inclusive con una ley de garantías que dice respetar, promover y proteger hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado", señalaron desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas para la Niñez y Juventud, Sintrasub.

"El nuevo cambio constitucional que se avecina, no puede hacerse sólo de la racionalidad y el actuar esquivo y erróneo de los últimos años, necesita corazón, alma dirían los espiritualistas, y ella debe estar basada en sólidos pilares éticos."

“Esta es una residencia que ha aparecido en la opinión pública desde hace varios años por distintas situaciones, lo cual incluso llevó a que tuviera administración provisoria por Sename desde fines de 2020”, explicó Faúndez.

De las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes que registra Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, 200 han sido cursadas como causas investigadas por la Fiscalía de Chile, y de ellas, la mayor parte se ha cerrado sin condenas. El Observatorio de Derechos de la Defensoría de Niñez elaboró el informe que devela estos datos, que fue enviado además al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiterando la recomendación de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado.

Organismo internacional también llamó al Estado chileno a detener toda la violencia de fuerzas de seguridad contra niños indígenas y sus familias, y proteger a los niños mapuche que hayan sido testigos o víctimas directas de violencia, discriminación y abuso de poder.

El pasado 19 de enero, el juez Leonardo Andrés Llanos Lagos nuevamente modificó las cautelares y el imputado quedó solo con la prohibición de acercarse a las víctimas por un período de 3 meses.

Según el ente contralor, los funcionarios no desempeñaron personalmente, de manera continua y regular, las funciones inherentes a sus cargos, "bajo el argumento de destinar, en forma regular y continua, en un caso, más de 22 horas semanales para sus labores de dirigente nacional, y más de 11 horas semanales para sus tareas de dirigentes regionales".

El recinto habría sido inaugurado hace menos de ocho meses en el marco del cierre definitivo del Cread Pudahuel, con el objetivo de brindar a jóvenes –entre 13 y 18 años- “un mejor espacio para vivir”. Hace seis días se habrían denunciado los hechos por parte de funcionarios de la residencia.

Informes fueron presentados en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre abuso y explotación sexual a menores bajo la protección del Estado.

Uno de los hallazgos es que la intervención social se ve directamente afectada por el contexto, es decir, si bien las familias de los niños han sido expuestas a la cesantía y en muchos casos al hambre, también los equipos sociales han sido afectados directamente, al perderse las licitaciones de los proyectos o al reducirse las plazas asignadas por la baja demanda hacia los programas.