En entrevista con El Ciudadano, Carolina Vilches, vocera del movimiento; calificó de «inaceptable» la deuda de más de 40 millones de dólares al fisco, debido a que SQM Salar, concentra la mayor superficie de explotación minera, muy por encima de Codelco y Pelambre.

"Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado", indicaron en una carta.

Un reporte de El Ciudadano reveló que, en noviembre de 2022, el Primer Tribunal Tributario y Aduanero fallara a favor de SQM Salar, liberándolos de pagar 41 millones de dólares al Fisco.

SII apeló al fallo que liberó a SQM Salar de pagar 41 millones de dólares al Fisco, pero dicho recurso fue declarado inadmisible.

El caso SQM fue un escándalo político y judicial, que surgió en 2015, y está enfocado en el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa minera SQM, través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

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Senador Nuñez se refiere al futuro del litio en Chile en el marco de la Empresa Nacional del Litio y el feroz lobby de SQM

La estrategia que involucra a personeros políticos y operadores al interior de Codelco, Enami y en el segundo piso de La Moneda, permitiría a SQM seguir explotando litio en propiedad fiscal durante las próximas décadas y ahorrarse entre 9 y 18 mil millones de dólares que debería pagar al Estado en caso que licitara la operación para el Salar de Atacama. Un negocio redondo que la red de Ponce está cocinando a espaldas del presidente Gabriel Boric.

El fiscal judicial Jorge Norambuena recomendó reabrir la investigación contra Luis Eugenio y Julio Ponce Lerou, esto luego de que encontrara presunciones fundadas de que los hermanos fueron autores de los delitos de estafa y apropiación indebida.

Parte sustantiva de la referida casta transitológica, después de gestionar y profitar del modelo por un largo periodo de 30 años, obligada por las circunstancias históricas desatadas el 18 de octubre de 2019, se transforma a partir de ese instante –presa del pánico– en un sector conservador que se niega a abandonar la institucionalidad político/jurídica instalada en 1980, en un contexto autoritario y de evidente restricción de las libertades públicas.