A propósito de Orpis: Historial de corrupción, cohecho y fraude en el caso Corpesca-Ley Longueira

Corte de Santiago acogió recurso de amparo y otorgó la libertad condicional a condenado por fraude al fisco

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el martes 23 de mayo– el recurso de amparo deducido por la defensa y le otorgó el beneficio de la libertad condicional al ex senador UDI, Jaime Orpis Bouchon, condenado por fraude al fisco y cohecho.

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En fallo unánime (causa rol 1.120-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Maritza Villadangos, Elsa Barrientos y el abogado (i) Óscar Torres– estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado. 

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“Que así las cosas y pese a que el Informe Psicosocial afirma en varias oportunidades que el amparado ‘presenta bajo nivel de riesgo de reincidencia’, la decisión de la Comisión de Libertad Vigilada se sustenta, contrariamente, en el hecho que la documentación tenida a la vista daría ‘cuenta de la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado”, plantea el fallo.

 Ver fallo Corte de Apelaciones de Santiago 

Corrupción, cohecho y fraude: El historial de la llamada “Ley Longueira, caso Corpesca

Corpesca es la principal compañía pesquera de Chile y cuenta con operaciones comerciales y productivas a nivel internacional, perteneciente al grupo Angelini.

Algunas consideraciones.

Durante el primer periodo del gobierno de Sebastián Piñera, se gestó una Ley de pesca también llamada Ley Longueira que tuvo los siguientes alcances: 

• Acciones de cohecho y corrupción parlamentaria;
• Dinámicas concretas y prácticas de acumulación en torno a la repartición de las cuotas pesqueras beneficiando a un selecto grupo de familias en el País;
• Impacto de los principios de zonificación pesquera;
• Fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre sectores pesqueros industriales y artesanales, entre otras características.
• Asimismo, la cuestionada ley, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos.
• Los siete principales grupos económicos acusados de beneficiarse con la denominada “Ley Longueira”, involucra a las familias Angelini (corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.

El caso Corpesca en tribunales

La exdiputada, Marta Isasi (UDI), acusada de haber recibido 25 millones de pesos antes de que la Cámara de Diputados votara la actual Ley de Pesca, acusada por cohecho y delitos tributarios, quien fue condenada por estos ilícitos.

Otro de los involucrados es el exsenador por las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, Jaime Orpis, por emisión de boletas ideológicamente falsas por montos que en total ascenderían a 233 millones de pesos. El parlamentario fue desaforado, en primera instancia, el 14 de enero de 2016, acusado de cuatro delitos: cohecho, fraude al Fisco, delitos tributarios y lavado de activos.

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Orpis a la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos consumados de fraude al Fisco. Ilícitos perpetrados entre 2009 y 2015.

El Tribunal aplicó además a Orpis Bouchon las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el tiempo de duración de la condena; más el pago de una multa del 5% de lo defraudado, equivalente a $5.983.790.

En la causa, el tribunal también condenó a la empresa Corpesca SA, como persona jurídica, a pagar una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM (unidades tributarias mensuales), más la accesoria de obligación de publicar “un extracto de esta sentencia, a su costa, en un diario de circulación nacional, en cuanto penalmente responsable en relación a los delitos de soborno, perpetrados por su gerente general Francisco Mujica Ortúzar, entre los años 2010 y 2013; y en relación a los delitos de cohecho por los cuales resultaron condenados Orpis Bouchon e Isasi Barbieri, desde la vigencia de la Ley 20.393”.

En el caso de la sentenciada Marta Eliana Isasi Barbieri, el tribunal la condenó a 50 días de prisión; más la pena de un año y cinco meses de suspensión para cargos u oficios públicos; la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena; más una multa de la mitad del monto solicitado, equivalente a $20.000.000, en calidad de autora de un delito consumado de cohecho, en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio de 2012.

La pena privativa de libertad impuesta a Isasi Barbieri, “se le tendrá por cumplida con el mayor tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, lo que da un total de 53 días, calculados en base a las horas en que estuvo sujeta a arresto domiciliario parcial nocturno, según lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal y certificado por el Jefe de Unidad de causas de este tribunal”, señaló la sentencia.

Finalmente, Raúl Fernando Lobos Torres fue condenado a 541 días de reclusión; la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; 3 años y un día de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos; más una multa equivalente al 5% de lo defraudado, que corresponde a $405.000, como autor del delito consumado de fraude al fisco.

Por cumplir el condenado con los requisitos que establece la ley 18.216, el tribunal le sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad, por la de remisión condicional de la pena.

Otros políticos que  investigados por la Fiscalía, fueron el exsenador por de Arica y Parinacota y Tarapacá, Fulvio Rossi ex PS, debido a la filtración a fines de 2015 de correos electrónicos que lo vinculan con Corpesca, donde se sugería que Rossi habría estado operando a favor de los intereses de la empresa durante la tramitación de la Ley de Pesca,  y por los posibles pagos para el financiamiento de campañas de Rossi realizados por la empresa pesquera; y,  el exministro Pablo Longueira, por su responsabilidad en la presunta obtención irregular de dinero para fines políticos.

Financiamiento de empresas pesqueras a campañas electorales

Según reportaje de  CNN Chile sobre el pago de empresas pesqueras a campañas políticas, Servel reveló los aportes reservados legales de 6 pesqueras a 35 políticos del país entre  2009 y 2013.

De acuerdo al informe, los aportes fueron destinados a candidatos de la UDI, RN, el PS, el PPD, y la DC.

Entre las mayores donaciones destaca Jacqueline van Rysselberghe (Udi), quien recibió un total de 17 millones de pesos por parte de tres pesqueras durante 2013.

En tanto, Patricio Melero (Udi) recibió 9 millones de Camanchaca y 5 millones de Pesquera Itata.

En cuanto a la exconcertación, Hosain Sabag (DC) recibió 10 millones de pesos por parte de Itata, mientras que el ex subsecretario de pesca, Raúl Súnico, recibió 8 millones de pesos de Alimentos Marinos, en 2009.

Además, dentro de los 35 políticos hubo dos ex candidatos presidenciales: Sebastián Piñera, quien recibió más de 82 millones entre 2009 y 2010, y Evelyn Matthei, quien tuvo un aporte de 7 millones y medio en 2013.

Proyecto de nulidad de la Ley Longueira

El lunes 8 de Agosto del 2002, una amplia mayoría de los diputadas y diputados apoyaron la propuesta de nulidad de la Ley de Pesca, conocida como “Ley Longueira”.

El proyecto de nulidad fue aprobado por 117 diputados, señalándose que el proyecto declara “insanablemente nula la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones”.

La moción que declara la nulidad de la ley 20.657 y que fue ingresada en 2016 por un grupo de parlamentarios, continua su trámite en el Senado.

Si bien, ningún diputado votó en contra de la propuesta de nulidad, pero llamó la atención que 20 se abstuvieron, entre los que figuran parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano, además de un DC, Miguel Ángel Calisto, que respaldaron y promovieron la opción rechazo a la propuesta de la nueva Carta Magna redactada por la Convención Constitucional y que fue rechazada en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre del 2022.

En concreto, los 20 parlamentarios y parlamentarias que se abstuvieron fueron: Jorge Alessandri, Juan Irrázaval, Agustín Romero; Leonidas Romero, Cristián Araya; Harry Jurgensen; Chiara Barchiesi, Johannes Kaiser; Luis Sánchez, Sergio Bobadilla; Carlos Meza; Stephan Schubert; Miguel Ángel Calisto; Benjamín Moreno; Marco Antonio Sulantay; Sara Concha; Gloria Naveillan; Cristóbal Urruticochea ; Gonzalo De la Carrera Correa y Mauricio Ojeda

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