Según las organizaciones, la decisión del TC de no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputados contra la denominada "Ley de Permisología", representa una grave omisión institucional, "frente a una norma que debilita profundamente los mecanismos de control de actividades que pueden poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas y de los ecosistemas".