La jueza que autorizó la incautación de un computador portátil y un teléfono celular de la diputada Cariola protagonizó una controversia relacionada con un video, en el que aparece recogiendo piedras ornamentales de la vía pública y cargándolas en un auto de lujo.

El exteniente de Carabineros condenado formó parte de una unidad destinada al control y detención de personas por motivos políticos en Pitrufquén y comunas aledañas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“No me voy a olvidar por un minuto que todo lo que hemos logrado avanzar en este periodo en el Ministerio del Interior ha sido por el apoyo de muchas personas y tampoco me voy a olvidar en ningún momento de que queda mucho, mucho por hacer”, indicó la ahora exsecretaria de Estado.

La oposición intentó tumbar la reforma previsional con un recurso en el TC, pero llegaron tarde. Ahora, amenazan con eliminar el Tribunal y el INDH.

La justicia determinó la existencia del daño moral ocasionado a la víctima de la dictadura "por su detención forzada y apremios ilegítimos, ocurridos entre septiembre de 1974 a febrero de 1975; y su posterior expulsión del país", delitos cometidos por agentes del Estado.

El diputado Roberto Arroyo, reaccionó a esta decisión en el pleno de la Cámara Baja, en donde arremetió contra el Tribunal y declaró que si la Oposición llega al gobierno, buscarán eliminar el TC y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Decenas de familias aseguran haber sido engañadas por Juan Carlos Beltrán, hijo del diputado de RN del mismo nombre, quien operaba falsas agencias de turismo y vendía paquetes de viaje inexistentes. La Fiscalía de Aysén investiga más de 25 denuncias en su contra.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados aplica para las licencias de conducir A1, A2 y A3, lo que incluye a conductores de transporte público y de aplicaciones como Uber. El proyecto quedó listo para ser promulgado por el Presidente Gabriel Boric.

El diputado Roberto Celedón planteó que los horrores vividos en la ex Colonia Dignidad, así como "el sufrimiento de nuestras y nuestros compatriotas, y las violaciones a la dignidad humana no pueden ser borrados de nuestra historia".

Contraloría aclaró que todos los funcionarios municipales tienen que estar en conocimiento de este reglamento. Por lo tanto, quienes emitieron las licencias a deudores de pensión alimenticias, habrían incumplido directamente la ley.